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OPINIÓN

Por un pacto para la transición energética

La nueva legislatura abre una oportunidad para superar el solipsismo con el que el Gobierno, amparado tras la coartada de la reducción del déficit de tarifa, ha impuesto en materia de energía. Sus decisiones han generado inseguridad jurídica e inestabilidad regulatoria, han dañado a muchos inversores de buena fe y han erosionado la confianza de todos, excepto la de aquellos que han aprovechado la ocasión para comprar activos energéticos devaluados por esas mismas decisiones.

Mientras tanto, los países de nuestro entorno han ido definiendo el camino para la transformación de su modelo energético. Necesitamos acordar, en un gran pacto político y social, los objetivos y estrategias para orientarnos hacia un modelo progresivamente descarbonizado, robusto en su capacidad para asegurar el suministro, financieramente equilibrado, equitativo en el reparto de costes, con mayor protagonismo de los ciudadanos y con garantías para la cobertura de las necesidades de los consumidores vulnerables. Un desafío que no admite demoras y que requerirá un intenso diálogo.

La transición energética viene impulsada por dos potentes motores: el compromiso global en la lucha contra el cambio climático, plasmado en el Acuerdo de París, y el desarrollo tecnológico, con energías renovables cada vez más competitivas, mejores sistemas de iluminación y climatización, motores de combustión más eficientes, baterías más avanzadas y vehículos eléctricos.

¿Cómo abordar esa estrategia energética de largo plazo, con 2030 y 2050 como horizonte? Basándonos, por una parte, en la eficiencia energética tanto en los edificios como en la industria y el transporte, para lograr la desconexión entre el crecimiento del PIB y el consumo energético y mejoras de eficiencia por encima del 2% anual. Por otra parte, mediante un mayor protagonismo de la electricidad frente a los combustibles fósiles en todos los consumos, incluido el transporte por ferrocarril y los vehículos eléctricos e híbridos. La electricidad es la energía compatible con la calidad del aire de las ciudades y es el vector fundamental para incorporar las energías renovables a nuestra dieta energética, por lo que constituye la piedra angular del modelo energético del futuro.

Es necesario abordar cómo deben distribuirse los costes de la transición energética, para que basculen del modelo actual a una mayor participación en ellos de los consumidores 

Es necesario el debate y el acuerdo sobre muchas cuestiones, como la generación a largo plazo y el modelo de mercado que haga que todas las fuentes reciban una retribución ajustada a sus costes, mediante mecanismos de competencia que aseguren las inversiones. La mayor dificultad para el consenso sobre el mix de generación estará en el ritmo de reducción del peso de las centrales nucleares y de carbón.

El potencial de la generación distribuida en nuestro país, en particular de la energía fotovoltaica, debe ser aprovechado modernizando la red de distribución, simplificando trámites y repensando el diseño de la tarifa. Los cargos por la energía autoconsumida aprobados por el Gobierno, el impuesto al sol, son insostenibles. Los autoproductores deben pagar por la potencia que contratan y por la energía que reciben en cada momento, como cualquier otro consumidor, y percibir el valor de la energía cuando vierten a la red, descontado el coste de su uso.

Es necesario abordar cómo deben distribuirse los costes de la transición energética, para que basculen del modelo actual, en que recaen sobre los consumidores eléctricos, a una mayor participación en ellos de los consumidores de hidrocarburos.

Y es urgente resolver el problema de los hogares con dificultades para atender sus necesidades energéticas básicas. Hay que cambiar el actual bono social eléctrico por un mecanismo que incluya todos los consumos energéticos del hogar y se focalice mejor en los consumidores realmente vulnerables, vinculándolo más directamente a indicadores de renta o de precariedad sociolaboral y no a la potencia contratada.

Un Gobierno sin mayoría brinda una oportunidad para el diálogo y el consenso y para definir una senda flexible de transición energética que, más allá de la alternancia política, oriente la actuación de los reguladores, reduzca la incertidumbre de los inversores y movilice la energía social hacia un modelo energético descarbonizado, factor de competitividad y generador de empleo. La voluntad debe vencer al escepticismo.

Luis Atienza es ex presidente de Red Eléctrica