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Juncker se decanta por retrasar la multa a España por el déficit

Rajoy complica la decisión de la Comisión Europea con el anuncio de una nueva rebaja de impuestos, mientras a la vez su equipo pide flexibilidad a Bruselas con las reglas fiscales

Claudi Pérez
Jean-Claude Juncker (I) y el comisario Pierre Moscovici.
Jean-Claude Juncker (I) y el comisario Pierre Moscovici. JOHN THYS (AFP)

Habrá multa por incumplir las reglas fiscales. La cuestión es cuándo: el jefe de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se decanta por retrasar la sanción a España y Portugal hasta que haya Gobierno en Madrid, o al menos hasta después del 26-J. Bruselas decide este miércoles entre dos opciones. Pierde peso la posibilidad de activar el procedimiento de infracción por falta de medidas efectivas. Y gana enteros una suerte de flexibilidad temporal, que consiste en constatar el incumplimiento y reclamar un esfuerzo suplementario para ajustar el déficit, pero evitando adoptar ahora la decisión que desencadena la multa. Rajoy, que ha presionado por tierra mar y aire a la Comisión para evitar un castigo que cree inmerecido, complicó ayer esa decisión con el anuncio de una nueva rebaja de impuestos en una entrevista concedida al diario Financial Times. La última rebaja tributaria, aprobada apenas meses antes de las anteriores elecciones, causó gran irritación en Bruselas, que ya entonces consideraba que no había margen y que iba a provocar el incumplimiento de las metas de déficit. Se repite la historia: el líder del partido favorito en las encuestas anuncia una rebaja fiscal con el déficit más abultado de Europa, y con Bruselas reclamando lo contrario (ajustes adicionales) y amenazando con una sanción.

España ha presionado al más alto nivel para evitar la multa o al menos para minimizar los daños de los continuos incumplimientos fiscales. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mantuvo el pasado lunes una conversación telefónica con Juncker para dejar clara la postura de España, tras la carta enviada hace unos días a Bruselas con el mismo objetivo. Los ministros de Finanzas de la UE —a través del presidente del Eurogrupo y del Ecofin, el holandés Jeroen Dijsselbloem— prefieren retrasar la decisión sobre la multa hasta después de los comicios, y Juncker cree que sin esa votación sería inútil que la Comisión Europea se mostrara inflexible. Bruselas buscaba ayer una solución de compromiso, según fuentes involucradas en las negociaciones: adoptar unas recomendaciones específicas por país en las que quede claro que España y Portugal deben hacer más ajustes, pero a la vez evitar dar un paso más en el procedimiento de déficit excesivo, que conduciría automáticamente, en el plazo de unas semanas, a la sanción.

Pero eso era antes de conocer las promesas electorales del PP. Rajoy hizo ayer un extraño movimiento que complica las cosas hasta el extremo. El presidente en funciones contó al Financial Times que prevé aprobar una nueva rebaja de impuestos si es reelegido, pese a que el déficit supera el 5% del PIB y la deuda pública se va hasta el 100% del PIB. La última rebaja, meses antes de las elecciones, irritó sobremanera a la Comisión, que por entonces ya avisaba a España de que no había margen para esas alegrías. El Gobierno defendió en 2015, contra viento y marea, que iba a cumplir las metas fiscales pese a esa rebaja, pero incumplió de largo: Rajoy decía ayer exactamente lo mismo en el diario británico, mientras su equipo pedía clemencia en Bruselas. Hay varios países que reclaman que la Comisión aplique las reglas escrupulosamente y active el procedimiento de sanción, y que se dejarán oír aún más después de esa promesa electoral. El líder del PP europeo, Manfred Weber, expresó a las claras en una misiva reciente que espera la máxima dureza. Y sin embargo Juncker, según las citadas fuentes, prefería anoche evitar un exceso de celo en la aplicación de la normativa fiscal.

No lo tendrá fácil el jefe de la Comisión. Juncker se reunirá con el comisario Pierre Moscovici y con el vicepresidente Valdis Dombrovskis para decidir el próximo paso, pero la promesa de bajar impuestos puede ser contraproducente si lo que España buscaba era evitar la multa. Bruselas reclama más ajustes. Rajoy repite una y otra vez que España cumple las reglas del juego y que recortará el déficit al 3% del PIB, y pide flexibilidad a la Comisión. Pero anuncia una medida que va en la dirección contraria: una rebaja fiscal para la que no tiene espacio fiscal. La presión fiscal española es ya muy inferior a la media europea. Y ni los Gobiernos del PSOE ni del PP han sido capaces de cumplir los objetivos fiscales desde 2009; desde la puesta en marcha de la Gran Recesión.

La herencia de Rajoy

Una sanción inédita

La posibilidad de imponer sanciones por el déficit no se ha usado nunca: Bélgica se salvó por una cuestión de calendario, y Alemania y Francia lo evitaron hace más de una década por cuestiones políticas. Portugal, Eslovenia e Italia se enfrentan también hoy a decisiones por parte de la Comisión.

Bruselas tiene claro que España no ha tomado medidas efectivas para corregir el déficit. Incluso el Gobierno español lo reconoce, aunque a su vez argumenta que ha hecho un ajuste notable durante la legislatura —con una rebaja del déficit desde más del 9% del PIB al 5%, al que se suman varias reformas de calado—, y que la baja inflación ha perjudicado la evolución de los ingresos públicos. Pero el principal argumento de Madrid es que el Gobierno en funciones está incapacitado para tomar decisiones: Rajoy no va a adoptar los ajustes que pide Bruselas, que correrán a cargo del próximo Ejecutivo. En esa tesitura, la Comisión tiene claro que en el futuro habrá sanción —un máximo de algo más de 2.000 millones, aunque es probable que esa multa sea menor, incluso nula—, pero gana fuerza la opción de reclamar un ajuste en diferido, para el próximo Gobierno, sin activar las sanciones en esta fase. O al menos eso parecía hasta que Rajoy sorprendió con el anuncio de una nueva rebaja tributaria que resta credibilidad a la posición fiscal española y que aparece justo en el peor momento: con Bruselas tratando de echar una mano a un país que se empeña en bajar impuestos cuando los datos muestran con claridad que no hay margen para ello.

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Sobre la firma

Claudi Pérez
Director adjunto de EL PAÍS. Excorresponsal político y económico, exredactor jefe de política nacional, excorresponsal en Bruselas durante toda la crisis del euro y anteriormente especialista en asuntos económicos internacionales. Premio Salvador de Madariaga. Madrid, y antes Bruselas, y aún antes Barcelona.

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