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Bruselas multa a España por falsear el déficit de Valencia

La sanción penalizará la ocultación de gasto sanitario y rozará los 19 millones de euros

Imagen de la Comisión Europea, Bruselas.
Imagen de la Comisión Europea, Bruselas. REUTERS

La Comisión Europea quiere lanzar un mensaje ejemplarizante de que las cuentas públicas no se falsean. El Ejecutivo comunitario propondrá esta semana multar a España por la manipulación de las estadísticas de déficit público y deuda de la Comunidad Valenciana. Según fuentes comunitarias citadas por Europa Press, la sanción rozará los 19 millones de euros.

Bruselas investiga desde el verano pasado a esta administración por haber ocultado sistemáticamente una parte del gasto sanitario entre 1988 y 2011, según fuentes comunitarias. La multa se anunciará el próximo viernes, justo antes de que venza el plazo que tenía la Comisión para proponer penalizaciones. La sanción, que será reducida, según admiten las fuentes consultadas, deberá ser ratificada por el Consejo Europeo (Estados miembros). Posteriormente podrá recurrirse.

Con la sombra del caso griego aún presente —Atenas falseó durante años sus cuentas y la abultada corrección del déficit público acabó desencadenando la crisis que acabó en rescate—, el Ejecutivo comunitario pretende enviar un mensaje político de que este tipo de incumplimientos no son tolerables.

La Comisión estrena con este caso sus nuevas facultades para poder penalizar a un país por manipulación de sus cuentas, de cualquier de sus administraciones. Aun así, la sanción quedará muy lejos del 0,2% del producto interior bruto (PIB) que permite la norma. En el caso español, ese porcentaje ascendería a 2.000 millones de euros. Lo más probable es que España alegue deficiencias en el proceso para evitar la multa, que deberá ahora confirmar por mayoría cualificada —sin contar los votos de España— el Ecofin, la reunión de ministros de Economía y Finanzas de los Veintiocho. Este grupo se reunirá el próximo martes. España aún no ha recibido comunicación oficial de esta decisión.

El caso se originó en mayo de 2012, cuando las autoridades españolas informaron a Eurostat —la agencia estadística de la Unión— de que el déficit de 2011 tenía que revisarse al alza cuatro décimas de PIB (unos 4.000 millones) por la detección de gastos no registrados en Valencia y Madrid. Eurostat investigó y descartó problemas en el caso de Madrid. No ocurrió lo mismo con la Comunidad Valenciana, donde se detectó una partida de gasto sanitario oculto. Eurostat comprobó que la intervención general de esa administración “había enviado sistemáticamente información incorrecta a lo largo de muchos años”.