Recursos para las autonomías

Si bien es cierto que la economía española ha dejado atrás la recesión, también es verdad que no todas las consecuencias de la crisis se han superado. Una de ellas, entre varias, es la financiación de las Comunidades Autónomas, una reforma necesaria (y muy urgente para algunos) que se aplaza sistemáticamente, unas veces por falta de voluntad política y otras porque se cruzan distorsiones tan graves como la crisis. En una medida difícil de cuantificar, pero evidente, la insuficiencia de la financiación también es una de las causas de la tensión soberanista que se vive en Catalunya. No es sólo que los gobiernos autonómicos se quejen de escasez de recursos —esa es una actitud que aparecerá indefectiblemente en cualquier equipo de gestión regional—, sino de que los hechos han demostrado que la ausencia de recursos financieros tiene algo que ver con prácticas tan perniciosas como el impago de facturas a los proveedores y la acumulación de la deuda.

Conviene recordar que buena parte de las dificultades financieras de algunas Comunidades proceden de una gestión irresponsable y fuera de control, de la que son responsables en primera instancia las autoridades políticas autonómicas y, en segunda instancia, la falta de rigor con que la administración central, aquejada ella misma de despilfarro e incontinencia en el gasto, ha afrontado desde 1978 el problema de la financiación y la supervisión del dinero público. Por más grotesco que parezca, las autonomías han pagado la construcción de aeropuertos sin aviones, bibliotecas sin libros, ciudades de la cultura vacías y otros desatinos que sería interminable enumerar; y han utilizado abusivamente el dinero de las cajas de ahorros para financiar delirios políticos, abuso que está detrás de la quiebra del sistema de cajas. Que se sepa, ninguna comunidad autónoma ha hecho hasta ahora autocrítica de las prácticas de despilfarro ni ha propuesto métodos propios para garantizar el buen uso de los recursos públicos.

Las finanzas autonómicas y las municipales han salido de la crisis gracias a los fondos de liquidez para pago a proveedores facilitados desde el Gobierno central; fondos que, a su vez, originan un crecimiento inmoderado de la deuda estatal. Los fondos han permitido pagar facturas y permitir que los suministradores del Estado adecenten sus cuentas (un factor significativo para evitar la destrucción de empleo). Pero estamos ante una solución transitoria; se liquida una deuda acumulada, pero a continuación se empieza a generar otra, porque sigue irresuelto el problema de los ingresos.

Es difícil precisar hoy las líneas maestras de una reforma financiera, más allá del deseo de que garanticen recursos para mantener los servicios básicos (sanidad, educación, seguridad, protección social), de que incluyan una bien calculada cesión de impuestos y de que se articule como una reforma pactada, en ningún caso impuesta o aprobada a pesar del descontento mayoritario; las tensiones soberanistas pueden desplazar la concepción autonómica hacia otras formas más complejas de estructura del Estado. En cualquier caso, la reforma debería incluir además la concreción de un razonamiento básico: la financiación global debe pagar los servicios básicos; aquellos servicios que, como efecto de la negociación se consideren extraordinarios, deberían financiarse con tributos impuestos por cada autonomía.