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S&P avisa de los riesgos de Podemos y de Cataluña para la economía

La agencia de calificación advierte que un "entorno político fragmentado" puede poner en peligro la reducción del déficit y el crecimiento

Sede de Standard & Poor's en Nueva York.
Sede de Standard & Poor's en Nueva York. EFE

Standard & Poor's ha advertido de los riesgos que para la economía española puede tener la posibilidad del ascenso en las elecciones generales de 2015 de fuerzas políticas que den lugar a “un entorno fragmentado” y pongan en riesgo los objetivos de déficit público a medio plazo y el crecimiento económico, en una velada alusión a Podemos, aunque la agencia de calificación no cite expresamente a la agrupación presidida por Pablo Iglesias.

“La posibilidad de que las elecciones generales del próximo año puedan generar a un entorno político fragmentado, a nivel nacional y regional, también puede dar lugar a desviaciones en las políticas fiscales y estructurales. Esto podría poner en riesgo los objetivos de déficit público a medio plazo y el crecimiento económico”, señala S&P

La agencia ha afirmado el rating 'BBB/A-2' a largo y corto plazo en moneda extranjera y local del Reino de España con perspectiva es estable."La confirmación del rating refleja nuestra consideración de que los riesgos para la recuperación económica de España están equilibrados ante un año 2015 de elecciones regionales y generales", precisa.

La agencia sí se refiere expresamente a la inestabilidad provocada por el proyecto secesionista de una parte de la sociedad y la representación política de Cataluña. En este sentido, advierte que si Cataluña dejara de ser parte del Reino de España, “los indicadores crediticios del soberano, incluyendo el nivel medio del PIB per cápita, las cuentas externas, y la posición de las finanzas públicas, se debilitarían”. Y, consecuentemente, el rating de España se vería afectado negativamente. 

La agencia cree que el Gobierno no cumplirá los objetivos de déficit en 2015

La agencia indica que desde 2010, España ha implementado “sustanciales” reformas estructurales que han mejorado la competitividad y flexibilidad de la economía. Como consecuencia de ello, la demanda interna, el componente del PIB con mayor impacto sobre el empleo y la recaudación, se está recuperando. En particular, el gasto en equipamiento y otros bienes de inversión está creciendo, lo que indica una mejora de la confianza.

S&P prevé un crecimiento del PIB del 1,3% para este año y casi un 2% de media para el periodo 2015-2017, lo que se traducirá en creación de empleo para apoyar la demanda. También anticipa que las exportaciones netas tendrán que continuar en superávit durante algún tiempo en España para hacer mayores progresos en la reducción de su posición de endeudamiento externo neto.

La agencia pronostica que el Gobierno alcanzará el objetivo de déficit para las administraciones públicas de este año del 5,5% del PIB (frente al 6,8% de 2013), excluyendo los posibles elementos que incrementan el déficit como los planes de protección de activos del sector financiero y la asunción de la reestructuración de la deuda de las autopistas.

Sin embargo, las previsiones son mucho menos optimistas para 2015, debido a que es un año electoral. “Teniendo en cuenta el activo calendario electoral, así como el debilitamiento del crecimiento en la mayoría de los cuatro socios comerciales más importantes para España (Francia, Alemania, Portugal, e Italia, en ese orden), proyectamos que el gobierno va a desviarse de sus ambiciosos objetivos presupuestarios del 4,2% y 2,8% para 2015 y 2016, respectivamente”. Y es que, aunque la recuperación económica va a ayudar a reducir el déficit, S&P augura que es poco probable que el gobierno alcance sus objetivos sin medidas adicionales de reducción del déficit.

En su escenario base, prevemos que la deuda neta total del Estado llegue a su máximo alcanzando, aproximadamente, el 94% del PIB en 2017, excluyendo las garantías relacionadas con el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera . Al mismo tiempo, el promedio de la carga de intereses de las administraciones públicas probablemente representará alrededor del 9% de los ingresos del Estado durante el periodo 2014-2017. Por otra parte, no esperamos que el gobierno español incurra en gastos fiscales adicionales significativos vinculados a la recapitalización de los bancos.

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