Las recomendaciones de la OCDE a España para aprobar en economía

La lista de peticiones del organismo abarcan desde los impuestos a la formación y el crédito

La OCDE ha publicado este lunes un amplío análisis sobre la evolución de la economía española. En su informe bianual sobre el país, la institución advierte al Gobierno de que no hay que levantar el pie del acelerador de las reformas con vistas a recuperar el equilibrio en las cuentas públicos a partir de 2017 y reforzar el incipiente crecimiento. Junto a ello, las líneas maestras de la propuesta de la OCDE para España pasan por reducir el endeudamiento y aumentar la competitividad de su sistema económico. Pero también entra en el detalle reclamando subidas de algunos impuestos y apostando con fuerza por la investigación o la formación. Estas son las principales recomendaciones del conocido como el Club de los países desarrollados.

Más IVA y menos cotizaciones. La OCDE aboga por redistribuir la carga impositiva desde el trabajo hacia la imposición indirecta, reduciendo las contribuciones empresariales a la seguridad social para los trabajadores con menor cualificación, aumentando los impuestos medioambientales y sobre bienes inmuebles, y reduciendo las exenciones en el impuesto sobre el valor añadido, el impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre la renta. Esta devaluación fiscal de subir el IVA a cambio de reducir las cotizaciones es una reclamación que también han hecho a España el FMI o Bruselas, aunque el Gobierno no da su brazo a torcer de momento.

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Ley concursal. El organismo que dirige Ángel Gurría recomienda proseguir con la mejora de los procedimientos judiciales de insolvencia, incrementar los incentivos para que las pymes recurran a dichos procedimientos, tanto judiciales como extrajudiciales, e introducir un nuevo régimen, negociado y extrajudicial, de insolvencia personal.

Empleo sostenible. En materia laboral y como condición indispensable para garantizar el crecimiento a medio plazo, la OCDE insta a fortalecer las políticas activas del mercado de trabajo. Para ello, pide una mejora de la formación profesional que refuerce las capacidades y la eficiencia de los servicios públicos de empleo y potencie la coordinación entre los distintos niveles de la administración. El Gobierno acaba de aprobar medidas en este ámbito, aunque sigue pendiente la reforma de la formación para el empleo.

Impulso a la innovación. España, en opinión de la OCDE, debe elevar la calidad de la innovación y fortalecer la competitividad promoviendo universidades y centros de investigación de mayores dimensiones y especialización, ampliando la asignación de recursos en base a la consecución de resultados y a la aplicación de mecanismos de revisión internacional inter pares, y brindando más oportunidades profesionales a los investigadores de mayor cualificación.

Energía limpia. El organismo recomienda al Gobierno homogeneizar los precios de las emisiones de gases de efecto invernadero entre las diferentes fuentes a fin de contener las emisiones de carbono y promover así un desarrollo de la industria y del empleo en sectores respetuosos con el medio ambiente.

Ayudas a las empresas. Edificar los cimientos para crear un tejido empresarial más dinámico también es otro punto en la lista de deberes que la OCDE pone a España. En este apartado, aboga por ampliar la base impositiva del impuesto sobre sociedades, reducir el tipo y eliminar los regímenes especiales para pequeñas y medianas empresas.

Mejorar el crédito. Continuar fomentando la diversificación de las fuentes de financiación de las empresas, reformar el sistema de licencias y permisos, y reducir la fragmentación regulatoria aplicando la ley de unidad de mercado son pasos que debe dar España para apoyar a su tejido empresarial.

Capital para la banca. La institución ve aún importante debilidades en las entidades españolas y por ello les anima a aprovechar todas las oportunidades para seguir captando capital y mantener una política de limitación de dividendos.

Colegiación no obligatoria. La OCDE pide reducir el número de profesiones en las que sea obligatorio pertenecer a un colegio profesional así como el coste de la cuota. El Ejecutivo ya ha aprobado medidas en este sentido en los últimos meses.

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