Brasil reconoce los derechos de las asistentes del hogar
Las empleadas domésticas tendrán un contrato que garantiza una paga extra anual, baja de maternidad y un mes de vacaciones
Los empleados domésticos de Brasil por fin van a ver reconocidos sus derechos laborales. Este sábado entra en vigor en ese país la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) de las Domésticas, aprobada en abril de 2013 por el Congreso. A partir de ahora, el empleador que no registre a su asistente del hogar tendrá que pagar una multa de al menos 352 dólares (805,06 reales), como ya sucede en otros sectores. La firma de un contrato laboral, además de legalizar el vínculo de trabajo, garantizará la percepción de una paga extra anual, la baja de maternidad y un mes de vacaciones por año trabajado. Además, el empleador tendrá que inscribirlos en la Seguridad Social y el sistema nacional de pensiones por el trabajador.
La medida intenta sacar de la irregularidad a cerca del 70% de estos trabajadores. Según una encuesta del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), en Brasil hay 7,2 millones de empleados domésticos. Entre ellos hay limpiadoras, lavanderas, planchadoras, niñeras, cocineras, jardineros y conductores particulares.
La entrada en vigor de la PEC de las Domésticas equipara en derechos a los asistentes del hogar con el resto de trabajadores brasileños. Desde su aprobación, solo se habían ejecutado algunas de sus disposiciones, como el establecimiento de la jornada laboral de 44 horas semanales. Los asistentes pueden ya cobrar por tener que trabajar horas extras.
Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, en Brasil hay 7,2 millones de empleados domésticos
Esta ley, demandada por colectivos como la Federación Nacional de Trabajadoras Domésticas e impulsada por el Gobierno de Dilma Rousseff (PT), obliga al empleador a cotizar ante el llamado Fondo de Garantía de Tiempo de Servicio (FGTS), que antes era opcional. Se trata de un ahorro imperativo: el empleador debe ingresar el 8% del sueldo del trabajador cada mes, una cantidad que recuperarán los empleados en caso de despido, cuando tenga que comprar una vivienda o necesite tratarse de una enfermedad grave, por ejemplo.
La ley generó polémica durante su aprobación porque muchos empleadores, acostumbrados a no reconocer alguno o ningún derecho de sus asistentes, alegaron que se iban a ver obligados a despedirles si tenían que pagarles el FGTS.
Quedó en evidencia, además, el prejuicio de una parte de la población que, aferrada al pasado esclavista de Brasil, se había habituado a emplear en el servicio del hogar a ciudadanos, generalmente afrodescendientes, a los que consideraba que no tenía que pagar ni reconocer los mismos derechos que a los trabajadores de otros sectores.
La puesta en marcha de la PEC también garantiza al empleado doméstico el derecho a un seguro por accidentes de trabajo y a un subsidio por desempleo a cargo del Estado en caso de despido injustificado.
La obligación de formalizar el trabajo de los empleados del hogar llega en un momento en el que la oferta de esta mano de obra está en caída. Con el aumento de la renta en la última década, resultado de la subida del salario mínimo, y la expansión del mercado de trabajo, muchos asistentes domésticos han decidido retomar sus estudios y buscar mejores oportunidades de trabajo.
