El Supremo acepta el recurso del fiscal y respalda el juicio al presidente de Damm

El tribunal acepta el recurso contra la decisión de la Audiencia Nacional, que archivó la causa

Demetrio Carceller, en una junta de accionistas.
Demetrio Carceller, en una junta de accionistas.PABLO MONGE

El Tribunal Supremo ha estimado este lunes el recurso que la Fiscalía Anticorrupción presentó contra la decisión de la Audiencia Nacional de archivar las diligencias abiertas contra el presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Arce, imputado por el juez Pablo Ruz. Esta decisión obliga, según fuentes fiscales, a seguir adelante con las actuaciones contra el empresario, para el que el Ministerio Público pidió 14 años de prisión como responsable de delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

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El auto que sobreseyó la causa lo firmaron, en la Audiencia Nacional, los magistrados Alfonso Guevara, María de los Ángeles Barreiro y Guillermo Ruiz-Polanco. En esta resolución, notificada el pasado 2 de enero, se estimaron los argumentos del abogado defensor y se señalaba que producía "cierta extrañeza" que, aunque las actuaciones se iniciaran por Ruz en junio de 2009 contra Demetrio Carceller Coll, expresidente de la cervecera y padre de Carceller Arce, este último no fue imputado hasta junio del pasado año, muy poco antes de cerrarse la instrucción. La Audiencia expuso que Ruz "se limitó a asumir la solicitud del Ministerio Fiscal sin sumar a sus alegaciones consideración alguna autónoma".

El magistrado Ruz acabó en noviembre de 2013 la instrucción contra los empresarios Demetrio Carceller, padre e hijo —dueños de Damm, de la red de 545 gasolineras del grupo Disa, accionistas de Repsol y de Pescanova—. Según los informes de la Agencia Tributaria, Carceller Coll podría haber defraudado entre 2001 y 2009 42,34 millones por el IRPF y 29,69 millones más por el impuesto de patrimonio. Anticorrupción, por su parte, cree que el empresario escondía sus rentas y patrimonio, "cuando menos desde 1990". Además, creen que simulaba residir en Portugal y Reino Unido. Al hijo lo que se le achaca es la colaboración en estos supuestos hechos.

De hecho, la Fiscalía atribuye a Carceller Arce un delito de cooperación necesaria en delitos contra Hacienda por supuestamente contribuir a la ocultación de las inversiones inmobiliarias de su padre en Arizona (Estados Unidos), mediante la gestión de estructuras necesarias para ocultar todas las rentas generadas. Su abogado lo negaba y sus argumentos fueron aceptados por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que resaltó que por dichas actividades había sido imputado desde el inicio del procedimiento Javier Ribas. La implicación de este último fue revocada por Ruz en el mismo auto en el que se incluyó la del presidente de Damm.

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