Luz verde al recorte de 1.700 millones en la retribución de las renovables
El Gobierno aprueba el real decreto que fija el nuevo esquema del régimen especial

El Gobierno ha aprobado hoy el real decreto que fija el nuevo esquema retributivo para las energías renovables, cogeneración y residuos —el denominado régimen especial— y que supondrá un recorte de unos 1.700 millones de euros para este año. Según ha explicado el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, los objetivos del nuevo sistema son "dotar de estabilidad al sistema, dar una rentabilidad razonable e introducir certidumbre en el sector".
Junto a esta normativa, que se completa con una orden ministerial, Soria ha apuntado que se ha aprobado otro real decreto para agilizar y aumentar la "eficiencia" en las colocaciones del déficit de tarifa, deuda creada por la diferencia acumulada entre los ingresos y los costes del sistema y que supera 30.000 millones. Precisamente Soria ha señalado al coste de las renovables como una de las causas de la generación del déficit de tarifa y ha dicho que había que tomar medidas porque sino se iba "a la quiebra".
El nuevo sistema para las renovables, que sustituye al de primas, establece 1.400 tipos de plantas y vincula el cobro de retribuciones adicionales a lo que reciban en el mercado eléctrico a una rentabilidad razonable vinculada a la evolución de la deuda pública para toda la vida útil de cada instalación. Así, cada planta cobrará en función de la inversión, lo recibido hasta ahora y su vida útil. Con este esquema, hay plantas, fundamentalmente parques eólicos, que dejarán de recibir retribución adicional.
Soria ha dicho que, como esa rentabilidad "razonable" está vinculada a la evolución de las obligaciones del Tesoro a diez años más 300 puntos básicos, actualmente ronda el 5,8%. No obstante, fuentes de Industria han subrayado que la referencia del bono será la correspondiente a cuando se aprobó la ley del sector eléctrico y que situaba la rentabilidad en el 7,5%.
200.000 millones de retribución
El año pasado, las primas a este régimen sumaron 9.000 millones en 2013, una partida que este año bajará a unos 7.300 millones con el nuevo esquema retributivo. Según los cálculos del Ejecutivo, las tecnologías del régimen especial recibirán 200.000 millones de euros de retribución en toda su vida útil. Desde este año, serán 142.530 millones a los que se suman los 56.294 millones que han cobrado desde 1998.
Al largo proceso de tramitación de esta norma, casi un año, le han acompañado las duras criticas del sector que ha estado todo este tiempo trabajando con ingresos provisionales que ahora deberán ajustar. Las renovables, que han anunciado recursos contra la nueva normativa, tachan los cambios de retroactivos y acusan al Gobierno de cercenar la seguridad jurídica de los inversores y de querer acabar con el sector.
Tras la aprobación del real decreto, se abren nuevos frentes jurídicos para el Estado, que ya suma seis arbitrajes de fondos internacionales en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Las normas aprobadas son recurribles directamente por los afectados, que además podrán reclamar las liquidaciones anuales de ingresos que realiza la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC).
El Gobierno insiste en una reforma necesaria para ajustar un sistema, el eléctrico, que estaba al borde de la quiebra y a la necesidad de "defender el interés general" en un país con unos elevados precios de la electricidad.
Los fotovoltaicos critican la reforma renovable por arbitraria
La asociación fotovoltaica Unef ha denunciado hoy que el Real Decreto sobre renovables, cogeneración y residuos aprobado esta mañana en el Consejo de Ministros ahonda en la inseguridad jurídica y "la arbitrariedad de criterios", ya que se podrá modificar la rentabilidad cada seis años. Según ha señalado la patronal en una nota de prensa, esta regulación causará que el 30 % de los proyectos fotovoltaicos sufra recortes en sus ingresos de en torno al 40 %, lo que impedirá que los proyectos puedan hacer frente al pago de la deuda que tienen con los bancos. Además, ha apuntado que el Real Decreto está basado en la "arbitrariedad de criterios" puesto que los parámetros sobre los que pivota podrán cambiarse cada tres años y la tasa de rentabilidad razonable, cada seis años.
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