El Eurogrupo mete presión al BCE sobre la inflación y el tipo de cambio del euro

Varios Gobiernos europeos hacen frente común contra la inacción de Draghi La ‘tasa Tobin’ pasará este martes el examen del Ecofin en busca de más apoyos

Mario Draghi, presidente del BCE.
Mario Draghi, presidente del BCE.Ralph Orlowski (Bloomberg)

La crisis de deuda que ha atenazado la economía europea los cuatro últimos años ha dejado de ser, oficialmente, la principal inquietud para los responsables de finanzas europeos. El termómetro del Eurogrupo, uno de los más fiables, no deja lugar a dudas: el rompecabezas financiero de la periferia —Grecia, Irlanda, Portugal, Italia y España— ocupa un discreto segundo plano en el orden del día de la reunión informal que los ministros de Economía de la eurozona están celebrado este lunes en Bruselas. A diferencia de anteriores convocatorias, monopolizadas por las dificultades de solvencia de los países mediterráneos, el encuentro tiene dos asuntos diferentes encima de la mesa: el tipo de cambio entre la divisa comunitaria y el dólar y el riesgo de deflación. Fuentes europeas insisten en que, en ambos casos, un grupo creciente de países apremia al Banco Central Europeo (BCE) a actuar al considerar que su retórica de permanentes promesas no termina de plasmarse en medidas reales.

“Los ministros de la zona euro estudiarán los efectos del tipo de cambio sobre la economía real”, han apuntado desde Bruselas en un reconocimiento explícito de la desazón imperante en una mayoría de capitales europeas —menos en Berlín, que sigue reivindicando la fortaleza de la moneda única sobre sus exportaciones—. Anclados a la tabla de salvación del sector exterior para recuperar el pulso económico, temen el impacto de un euro fuerte sobre sus balanzas comerciales.

Dos cifras sustentan su preocupación: el tipo de cambio entre la divisa europea y el dólar estadounidense sigue en máximos desde 2011 y la inflación en la zona euro sigue dando muestras de fragilidad, al cerrar abril en el 0,7%, una décima por debajo del consenso de los analistas y un 1,3% inferior al objetivo de estabilidad de precios fijado por el BCE. El jueves se conocerá si su Consejo de Gobierno pasa a la acción o si, por el contrario, ahonda en su timorata estrategia basada en una escalada verbal que ya no convence a casi nadie en la Unión Europea (UE).

La tasa Tobin, a examen

El descenso en el nivel de inquietud por las finanzas públicas de los países periféricos también se trasladará el martes al Ecofin –el foro de los ministros de Economía de todos los Estados miembros– y dará paso a una preocupación hasta ahora latente: la adopción de un gravamen sobre las transacciones financieras, la coloquialmente denominada tasa Tobin, por parte de 11 países entre los que se encuentra España. Las delegaciones viajan a la capital comunitaria con la intención de sellar un documento conjunto que puedan incluir en el famélico capítulo de logros políticos de cara a las elecciones al Parlamento Europeo del próximo día 25.

Acordado el calendario –entrará en vigor en 2015–, el debate se centra ahora en determinar qué activos financieros estarán sujetos a la tasa. El borrador pactado hace un mes consideraba un gravamen inicial del 0,1% sobre las transacciones de acciones y títulos de deuda y del 0,01% sobre derivados, productos financieros mucho más complejos. Sin embargo, fuentes comunitarias dejan en el aire los términos finales del pacto. “Algunos Gobiernos prefieren incrementar la carga sobre los derivados”, apuntan. Otros, como el español, prefieren restringir la tasa a acciones de grandes compañías cotizadas y derivados de alto riesgo.

A este respecto, el titular español, Luis de Guindos, se ha mostrado convencido de que los 11 países que han decidido poner en marcha la tasa alcanzarán un "acuerdo político" sobre las modalidades de este nuevo gravamen.

Decisión del Tribunal Europeo

Esta figura fiscal, presente en debates académicos desde finales de los años setenta, volvió a primer plano de actualidad al término del Ecofin del pasado 1 de abril con el anuncio del ministro Luis de Guindos de un principio de acuerdo político entre España, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Bélgica, Austria, Estonia, Eslovaquia y Eslovenia que ha ido tomando forma en las últimas semanas. El pasado miércoles el Tribunal Superior de Justicia de la UE rechazó una enmienda del Gobierno británico, que pretendía frenar su adopción por considerarla perjudicial para los socios comunitarios que no participen de ella. Pese a lo previsible de este movimiento judicial, el fallo ha sido interpretado como un espaldarazo a la nueva tasa.

El mismo miércoles, el Ejecutivo español incluyó en el programa de Estabilidad ingresos por valor 640 millones por la adopción de la tasa en el ejercicio 2015. Esta cifra es muy inferior al cálculo inicial del Ejecutivo comunitario, que calcula 4.700 millones si este tributo gravara la compraventa de toda clase de activos financieros, pero pone poner negro sobre blanco las estimaciones de impacto de la nueva tasa, algo inédito hasta la fecha.

Sobre la firma

Ignacio Fariza

Es redactor de la sección de Economía de EL PAÍS. Ha trabajado en las delegaciones del diario en Bruselas y Ciudad de México. Estudió la doble licenciatura de Economía y Periodismo en la Universidad Carlos III, y el Máster de Periodismo de EL PAÍS y la Universidad Autónoma de Madrid.

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