El juez exige 8,5 millones a exdirectivos de la CAM por cobrar dietas ilegales

López Abad y Juan Ramón Avilés serán juzgados por varios delitos societarios

Robrto López Abad, ante la comisión del Parlament valenciano.
Robrto López Abad, ante la comisión del Parlament valenciano.Jordi Vicent

El juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, ha decretado la apertura de juicio oral contra el exdirector general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Roberto López Abad y el expresidente de la comisión de control de la caja, Juan Ramón Avilés, acusados de fomentar el cobro de dietas abusivas y participar en la concesión de préstamos ruinosos en su etapa al frente de la entidad. La CAM, símbolo del saqueo en el sistema bancario español, fue intervenida en julio de 2011 con una inyección de 5.800 millones, aunque los últimos datos aportados por Luis de Guindos, ministro de Economía, sitúan su rescate en cerca de 15.000 millones para cubrir mayores pérdidas de las previstas.

El magistrado de la Audiencia acusa a los exdirectivos de los delitos de apropiación indebida, administración desleal y delito societario. En el caso de Avilés añade un supuesto delito de “otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de un tercero”.

Las acusaciones piden para López Abad, que ocupó la dirección general entre 2001 y 2010 y embarcó a la caja en 104 proyectos vinculados al ladrillo, penas de cuatro años por delito societario y seis por apropiación indebida. Para Avilés las penas suman otros diez años de acuerdo con los escritos de acusación provisionales presentados por la Fiscalía Anticorrupción, la propia caja y el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

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Para hacer frente a posibles condenas, el juez ha impuesto una fianza civil de 6,6 millones a Avilés y de 1,9 millones a López Abad. Ambos deberán consignar el dinero en el plazo de 24 horas a partir del momento en que reciban la notificación judicial y, si no lo hacen, sus bienes serán embargados. El juez añade que, si el exdirector de la entidad rescatada se declarase insolvente, otras 19 personas, la mayoría miembros de la comisión de control de Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), la filial inmobiliaria de la caja, deberán responder a este pago “directa y solidariamente”.

La medida impuesta por el juez Gómez Bermúdez supera en dos millones a la cantidad que barajaba la Fiscalía Anticorrupción, que apuntaba hace dos semanas a que la suma del dinero cobrado irregularmente por los acusados y el quebranto económico por conceder créditos ruinosos podría ascender a 6,4 millones.

Anticorrupción y el FGD creen que el exdirector “buscó la fórmula para superar límites retributivos fijados por la caja y posibilitar que los directivos de CAM cobrasen mayores emolumentos”. Para ello utilizó maniobras como la de crear una empresa ad hoc para controlar la cartera industrial de la caja, eludiendo así el papel de los órganos propios de la CAM. De paso, con ese “mero y burdo instrumento ideado por López Abad”, como cree la fiscalía, los ejecutivos pudieron llevarse “emolumentos muy superiores a los que tenían derecho conforme a la normativa de cajas de ahorro”.

La Junta General de TIP, reunida el 26 de junio de 2006 acordó doblar las retribuciones y estableció una “dieta” de 16.400 anuales para ese año y de 32.800 euros en los sucesivos. Un año después ratificó las anteriores retribuciones y estableció que los “cargos internos” ingresarían el doble. Dos años después la “dieta” para el presidente ya se situaba en 80.000 euros anuales; 40.000 para el vicesecretario y el secretario, mientras que el resto de los miembros se asignaron un sobresueldo de 20.000 euros. Las alarmas saltaron dos meses después de la intervención de la CAM, en septiembre de 2011, cuando el FROB decidió suspender la comisión de control de TIP y cesar a todos sus miembros.

Para la fiscalía, la comisión de control era un instrumento con el que justificar las jugosas dietas. En las 16 ocasiones en que se reunió, sus miembros adoptaron una “actitud meramente pasiva, limitándose a escuchar las informaciones facilitadas por el administrador, sin que en ninguna de las actas de estas reuniones conste una sola aportación sustantiva para el efectivo seguimiento y control de la sociedad”. En total Avilés llegó a cobrar en concepto de dietas 308.700 euros. Él y otros 20 integrantes del órgano, dos de ellos fallecidos, percibieron por ser convidados de piedra casi 1,5 millones de euros.

En su auto el juez no se pronuncia sobre la divergencia entre el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que piensa que, en caso de condena, el dinero tendría que devolverse al actual propietario de la CAM, el Banco de Sabadell (que la compró por un euro tras el saneamiento). El Fondo de Garantía de Depósitos, organismo semipúblico sostenido por los bancos que aportó los 5.250 millones de euros para taponar el agujero sostiene, sin embargo, que el dinero debería compensar ese rescate.

Esta no es la única causa abierta contra el exdirector, que pasó por el calabozo el pasado noviembre acusado de dar créditos de 160 millones a través de una sociedad de un paraíso fiscal.

Sobre la firma

María Fernández

Redactora del diario EL PAÍS desde 2008. Ha trabajado en la delegación de Galicia, en Nacional y actualmente en la sección de Economía, dentro del suplemento NEGOCIOS. Ha sido durante cinco años profesora de narrativas digitales del Máster que imparte el periódico en colaboración con la UAM y tiene formación de posgrado en economía.

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