BANCA PREFERENTES

La Audiencia Nacional avala investigar a Blesa por “planificar” las preferentes

La Audiencia Nacional admite la querella contra la antigua cúpula directiva de Caja Madrid sobre el diseño de la emisión de la deuda perpetua

El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa.
El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa.kike para

La Audiencia Nacional ha dado luz verde a investigar a Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, y a otros antiguos consejeros de la entidad por planificar la venta de participaciones preferentes, emisiones de deuda perpetua en la que miles de pequeños inversores carentes de información perdieron gran parte de sus ahorros. La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia, presidida por el magistrado Alfonso Guevara, emitió este jueves una resolución en la que admite solo de manera parcial la querella de José María Bella, un empresario particular que invirtió junto con su esposa 340.000 euros en 2008 en preferentes tras la recomendación de la sucursal de Caja Madrid en la que tenían estos ahorros depositados a plazo fijo. El industrial, que en 2005 vendió su empresa para vivir de las rentas sufrió una fuerte merma en su patrimonio.

Además de contra Blesa, el tribunal admite a trámite la acción penal contra los siguientes exconsejeros de Caja Madrid: el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán; el exsecretario de Estado de Hacienda José Manuel Fernández Norniella (PP); el expresidente de la Asamblea de Madrid Jesús Pedroche (PP); el exalcalde socialista de Móstoles José María Arteta; el exdirigente de CC OO Rodolfo Benito; y el representante de UGT Gonzalo Martín Pascual.

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La querella de Bella fue admitida íntegramente el pasado 12 de junio por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que la incorporó a la instrucción del caso Bankia. El escrito del empresario no solo denunciaba la planificación que los órganos directivos de Caja Madrid hizo para poner a la venta las preferentes, que Andreu vincula a una “estrategia para captar activos y disfrazar la situación de insolvencia” de la entidad crediticia. Bella sostenía también que se debía investigar la comercialización de las preferentes en las sucursales concretas. Esta pretensión, acogida inicialmente por Andreu, fue recurrida por la Fiscalía.

La Sección Tercera ha dado la razón al ministerio público en su recurso y limita la investigación en este caso al diseño de la venta de participaciones preferentes. Otro auto de la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, divulgado también esta semana, ya consideró que no hubo “responsabilidad penal” de Bankia, en la comercialización de la deuda perpetua.

Caja Madrid, entonces presidida por Miguel Blesa, comercializó unos 3.000 millones en participaciones preferentes, sobre todo en 2009. En aquellas fechas la entidad tenía un nivel de capital muy ajustado y esta fue la fórmula elegida por la dirección de la entidad para reforzar sus recursos propios. El problema fue que se colocaron en la red sin explicar su verdadero riesgo. Incluso se vendieron a bebés, personas con problemas siquiátricos y analfabetos. Buena parte de los propios empleados de la entidad desconocían el verdadero riesgo de los productos que comercializaban y los adquirieron ellos mismos y sus mejores clientes como algo similar a un depósito con aparente liquidez. En realidad no eran imposiciones a plazo y mucho menos líquidas, sobre todo cuando llegaron los problemas. Todas se colocaron entre inversores minoristas, no hubo institucionales.

El escándalo estalló tras la unión de Caja Madrid y Bancaja, la formación de Bankia y la posterior quiebra de la entidad, ya presidida por Rodrigo Rato. Bruselas impuso pérdidas a los propietarios de las preferentes por considerarles copropietarios del capital del banco. Estas quitas llegaron hasta el 70% de la inversión. Ante el escándalo social surgido, Bankia abrió un proceso de arbitraje para compensar a los clientes a los que se les vendieron preferentes incorrectamente. Bankia en su conjunto tenía 300.000 clientes con productos híbridos, es decir, preferentes y deuda subordinada. Fernando Restoy, presidente del fondo de rescate estatal, el FROB, ha asegurado en el Congreso que alrededor del 55% de todos los clientes recuperarán el 100% de su inversión.

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