PERÚ TELEFÓNICA

Telefónica tiene diez días para responder a las condiciones para renovar en Perú

En la imagen, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes. EFE/ArchivoEFE

La Telefónica de Perú tiene un plazo de diez días hábiles (laborables) para responder a las condiciones que le ha planteado el Gobierno peruano para renovar el contrato de concesión de telefonía móvil, informó hoy el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes.

El ministro señaló, en declaraciones citadas por la agencia oficial Andina, que el Ejecutivo ya entregó los términos y condiciones del nuevo contrato a la filial de la multinacional española.

Paredes dijo que la definición del nuevo contrato es "un tema delicado y complejo" porque se tienen que cautelar los in...

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La Telefónica de Perú tiene un plazo de diez días hábiles (laborables) para responder a las condiciones que le ha planteado el Gobierno peruano para renovar el contrato de concesión de telefonía móvil, informó hoy el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes.

El ministro señaló, en declaraciones citadas por la agencia oficial Andina, que el Ejecutivo ya entregó los términos y condiciones del nuevo contrato a la filial de la multinacional española.

Paredes dijo que la definición del nuevo contrato es "un tema delicado y complejo" porque se tienen que cautelar los intereses de millones de usuarios de telefonía móvil en todo el país.

En noviembre pasado el presidente de Telefónica en Latinoamérica, Santiago Fernández Valbuena, declaró en Madrid que la compañía confiaba en renovar sus licencias en Perú antes de fin de año.

Telefónica ha pedido la renovación de las licencias para los servicios de telefonía móvil en las bandas de 800 y 1.900 megahertz en Lima y Callao, que vencieron el pasado año, y también de otra de la banda 800, que venció en febrero pasado.

La compañía mantiene un litigio en Perú sobre el pago de impuestos de sus resultados de 2000-2001, que la operadora estima que tributaron por el 51% de los beneficios.

Sin embargo, el Gobierno peruano le reclama una deuda de entre 200 y 600 millones de euros por facturas no cobradas.