Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Las causas del déficit de tarifa eléctrica

El presidente de Unesa responde al exsecretario de Estado de Energía

Leo con sorpresa el artículo firmado por Martín Gallego titulado Política energética en tiempos de crisis, ya que el antiguo secretario general de Energía confunde algunos conceptos; en particular, lo relativo a cómo se genera el déficit de tarifa. Afirma en este artículo que dicho déficit se genera tanto en el precio de la energía como en los costes regulados, cuando dicho déficit hoy se genera exclusivamente en los costes regulados, que son los que encarecen la factura eléctrica en nuestro país.

La propia legislación española lo explica en la exposición de motivos del Real Decreto Ley 13/2012, de 30 de marzo. En España, todos los consumidores eléctricos, incluso los acogidos a la Tarifa de Último Recurso, pagan exactamente el precio de la energía que se fija en el mercado, por lo que, el hecho de que el precio sea alto o bajo no afecta en absoluto a la generación del déficit tarifario. Dicho déficit se origina, exclusivamente, por la diferencia entre los ingresos procedentes de las tarifas de acceso y los costes regulados a pagar con cargo a las mismas.

A esto hay que añadir que, en contra de lo que se dice en dicho artículo, a día de hoy son exclusivamente las cinco empresas asociadas en Unesa las que financian dicho déficit.

El autor parte de informes realizados por Economistas Frente a la Crisis, que analizan con criterios de economías intervenidas por la Administración a compañías que desarrollan su actividad en el libre mercado y entran a juzgar los costes de las tecnologías, así como los beneficios que obtienen las empresas en el desempeño de sus funciones. En España y en los países de nuestro entorno rigen los principios del libre mercado, donde los precios son fruto de la competencia y, por tanto, son altos o bajos, pero nunca excesivos ni escasos; tal denominación implicaría estar comparando dichos precios con algo, y ese no es el papel del mercado.

El déficit de tarifa se genera en los costes regulados, que encarecen la factura eléctrica

La publicación en este diario de dicho artículo coincide, curiosamente, con la proximidad de la fecha de la revisión tarifaria, el 1 de julio, y con la esperada reforma energética. Parece obvio que la intención del autor es influir en el Gobierno para que el sector eléctrico vuelva a estar bajo el control del Estado, para potenciar a las empresas que reciben subvenciones y para penalizar a aquellas que han conseguido que España tenga un sector eléctrico competitivo.

La energía producida en España se sitúa en precios que están en línea con los de cualquier otro país de la Unión Europea; por desgracia, no podemos decir lo mismo de otros costes, los regulados, que ojalá pudieran fijarse por mecanismos de mercado, en lugar de administrativamente. Estos costes, junto con la negativa a subir la tarifa para cubrir su precio real en las épocas de bonanza económica, han sido los únicos causantes del déficit de tarifa; hasta el punto de que más del 50% de los costes de la tarifa de acceso no son costes del suministro.

La crisis económica —protagonista absoluta de la realidad que ahora viven todos los sectores económicos, incluido el de la energía— hace difícil que los consumidores entiendan que la tarifa debe subir para cubrir todos los costes del sistema eléctrico. Por ello resulta inconcebible que se subvencionen a escala comercial energías renovables todavía muy inmaduras, que están haciendo crecer de un modo increíble el déficit de tarifa; principalmente, las tecnologías solares (fotovoltaica y, sobre todo, termosolar, cuyas primas ascenderán este año a 3.700 millones de euros, aproximadamente).

No tiene sentido alguno financiar, como si se tratara de tecnologías maduras, energías cuyos propios promotores consideran ineficientes, como ha manifestado la Unión Española Fotovoltaica en un comunicado de prensa en el que afirman que si el Gobierno impone una tasa sobre la generación atendiendo a criterios de eficiencia llevarían a las compañías fotovoltaicas a la insolvencia (admitiendo así la ineficiencia de su tecnología).

Mes a mes, las cinco compañías asociadas en Unesa se ven obligadas a financiar la actividad de otras empresas competidoras, que pretenden que esta situación se prolongue indefinidamente en el tiempo para seguir cobrando estas subvenciones (primas) que acaban convirtiendo sus proyectos en productos meramente financieros.

Nadie pone en duda que las energías renovables tienen un gran futuro por delante. Menos aún en Unesa, cuyas empresas asociadas tienen el mayor parque renovable de España. Y, en contra de lo que aduce el citado artículo, tampoco nadie (al menos en el ámbito de Unesa) pretende evadirse de “arrimar el hombro” para que, entre todos, superemos la crisis.

Sin embargo, y precisamente porque esta coyuntura nos obliga a prescindir de lo superfluo, ha llegado el momento de apostar solo por aquellas tecnologías renovables con las que hoy por hoy es posible contar: las eficientes.

Es cierto que, como decía el artículo de Martín Gallego, “la edad de piedra no terminó por escasez de piedras”. Del mismo modo, el aplazamiento de “la edad de las energías solares” hasta que estas sean competitivas no hará que el sol deje de brillar.

No tiene sentido financiar energías cuyos propios promotores consideran ineficientes

Si queremos poner fin al crecimiento del déficit, habrá que plantearse que hay que pagar el suministro eléctrico a su coste real. También deberemos eliminar del recibo los costes que son ajenos al suministro eléctrico. De lo contrario, este lastre seguirá pesando sobre las espaldas del sistema y de los consumidores eléctricos.

Por otro lado, llama la atención cómo el citado artículo mezcla unos temas con otros, intentando dar una apariencia lógica a lo que, en verdad, revela un cierto desconocimiento de la realidad del sector.

Así, salen en él a colación los famosos "beneficios caídos del cielo" de las centrales hidráulicas y nucleares. Se obvia, de esta forma, que dichas centrales nucleares e hidráulicas no están amortizadas, porque requieren importantes inversiones recurrentes para operar en perfectas condiciones. Igualmente, se ignora que, en un mercado liberalizado, la igualdad y no discriminación es un principio básico, tal y como establece el Derecho comunitario, con lo que no es posible entrar en este tipo de diatribas sobre activos amortizados o sin amortizar. Finalmente, se olvida en este artículo que estas instalaciones sirven de respaldo al sistema y garantizan el suministro. Una vez más, el autor utiliza herramientas que se utilizan en los mercados intervenidos para confundir a la opinión pública, ya que estas no son aplicables en el mercado liberalizado.

En cuanto a la alusión a la crisis económica, ha de tenerse en cuenta que la economía española requiere empresas fuertes, capaces de competir en los mercados libres; capaces también de generar confianza, de crear empleo, de ayudar a levantar la economía. Las dudas que se ciernen actualmente sobre el sector eléctrico, el déficit de tarifa y la consiguiente caída de los ratings de las empresas eléctricas no hacen sino perjudicar a la economía española.

Llama también la atención que este tipo de cuestiones surjan en España precisamente ahora, cuando se está en condiciones de cumplir con desahogo los objetivos medioambientales y de implantación de renovables establecidos por la Comisión Europea.

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