Reformas a la italiana

El Gobierno tecnócrata de Mario Monti se la juega con los cambios en el mercado de trabajo

Trabajadores del sindicato Fion protestaban el pasado 9 de marzo en Roma
Trabajadores del sindicato Fion protestaban el pasado 9 de marzo en RomaMax Rossi (Reuters)

Hace poco más de un mes, los italianos se miraban al espejo y le preguntaban con miedo: ¿a que no estamos peor que Grecia? Ahora, no hay más que salir a la calle para constatar que la pregunta recurrente es otra: ¿a que estamos mejor que España?

Aunque todavía con el miedo de la recesión en el cuerpo, Italia se enfrenta a una reforma laboral inminente —tendrá que ser aprobada antes de finales de marzo— con un dato esperanzador. A pesar de la crisis europea, del desastre de la gestión de Silvio Berlusconi y de la gran desigualdad entre el norte y el sur, Italia aún está a años luz de España en cuanto a la destrucción de empleo.

Una buena parte del porqué descansa en un mecanismo llamado “caja de compensación salarial” (CIG, por sus siglas en italiano). Si en el segundo trimestre de 2007, con la crisis aún por explotar, la tasa de desempleo era del 5,7%, a finales de 2011 la tasa no superaba el 8,6%. España, huelga repetirlo, tiene el récord de la zona euro, con el 23,3%.

Hasta ahora, el Ejecutivo ha aprobado recortes por 30.000 millones para el periodo 2012-2014

¿Qué es la caja de compensación salarial? Para empezar, algo que —a pesar de sus ventajas— el Gobierno tecnócrata de Mario Monti pretende recortar. Se trata de un mecanismo de regulación del empleo, pero sobre todo de una filosofía: en una situación de crisis, los empresarios italianos —la inmensa mayoría pequeños y medianos emprendedores— prefieren reducir actividad y horarios en vez de reducir plantillas. Según datos de las organizaciones sindicales, durante el año 2010, casi un millón y medio de trabajadores se acogieron a la caja de compensación para evitar así, trabajando menos y también cobrando menos, las listas del paro. El mecanismo se activa para salvar las dificultades temporales —intrínsecas o debidas al mercado— de una empresa. Se revisa cada tres meses, con una duración máxima de 12 o incluso de 24 meses, y contempla que el INPS (Instituto Nacional de Previsión Social) abone al trabajar hasta el 80% de las horas no trabajadas. Según los sindicatos, la utilización de la “caja de compensación salarial” lleva aparejada una reducción del despido. Su uso se previó en principio para situaciones de guerra… como la actual.

El Gobierno de Mario Monti —colocado por el presidente de la República, Giorgio Napolitano, para intentar achicar la desconfianza de Europa y los mercados hacia Berlusconi y sus trampas— ha ejecutado en sus primeros 100 días de Gobierno una serie de medidas ejemplarizantes, de fuerte impacto. Sus aliados indiscutibles han sido la sorpresa y la necesidad. Solo unos días después de llegar al poder, y sin consultar con los sindicatos, Monti aprobó el plan “Salva Italia”. El volumen del ajuste fue de 30.000 millones de euros a ejecutar entre 2012 y 2014 —se reducirán gastos por valor de 12.000 millones de euros y se aumentará la recaudación en 18.000 millones—, aunque compensados por una reinversión de 10.000 millones para fomentar “el crecimiento, el sistema productivo y el trabajo”. A la sombra de las grandes cifras y de las grandes promesas, Monti encargó a su ministra de Trabajo, Elsa Fornero, una reforma de las pensiones que sacó adelante en su integridad y sin apenas contestación social. Las lágrimas de la ministra —sin duda espontáneas y provocadas por el cansancio— contribuyeron a subrayar la promesa realizada por Monti ante la nación: “Hemos distribuido los sacrificios de forma equitativa”. Sin embargo, y a partir de entonces, Monti se ha visto obligado a pactar su forma de ser equitativo para evitar que la calle se incendiara y que los influyentes poderes fuertes bloquearan su gestión.

La realidad de los hechos señala que es más sencillo dar un tajo a los bolsillos de los pensionistas que a los privilegios de las castas que, desde tiempo inmemorial, vienen vertebrando el funcionamiento de Italia. Aunque el primer ministro anunció a bombo y platillo que abogados, notarios, farmacéuticos, taxistas, bancos o propietarios de gasolineras tendrían que someterse a reglas de funcionamiento más justas y solidarias, lo cierto es que las llamadas liberalizaciones han salido adelante muy descafeinadas.

Ningún gobierno se ha atrevido a acabar con el artículo sobre la readmisión obligatoria de trabajadores despedidos

Entre los que, tras el susto, lograron escapar casi indemnes están los taxistas, abogados, notarios y farmacéuticos. Los únicos que salieron al ruedo de las quejas fueron los banqueros, obligados por el Gobierno Monti a facilitar cuentas gratuitas a los pensionistas con ingresos inferiores a los 1.500 euros al mes. Por el contrario, el gremio cuyas arcas más sufrirán y que, a pesar de todo, parece haber aceptado el recorte con resignación cristiana, es el de los sacerdotes. A partir de ahora, la Iglesia italiana —la mayor casera de la República— tendrá que pagar el impuesto de bienes inmuebles por aquellos en los que desarrolle algún tipo de actividad comercial —tienda de recuerdos, hospedajes, restaurantes—. Hasta ahora estaba exenta. También los militares han visto cómo el presupuesto de Defensa ha sido recortado, incluyendo una reducción a corto plazo del 30% de la plantilla y la cancelación de la compra de 41 cazas F-35 de los 131 que estaban previstos.

El gran problema, sin embargo, llega ahora. Antes de finales de marzo, el Gobierno de los profesores tendrá que aprobar la reforma laboral. Y, si nada más llegar, Monti encargó a la ministra Fornero que sacara adelante sin pactar con nadie la reforma de pensiones —Europa y los mercados estaban entonces muy atentos a las primeras acciones de su pupilo—, ahora el encargo es radicalmente distinto. La ministra, con la ayuda del líder de la izquierda, Pier Luigi Bersani, está intentando poner de acuerdo a sindicatos y empresarios para sacar adelante la reforma. El principal escollo, el archiconocido en Italia “artículo 18”, que contempla la readmisión obligatoria de los trabajadores despedidos junto a una fuerte indemnización por los perjuicios (no existe la posibilidad de que, pagando, la empresa se libre del trabajador no deseado). El “artículo 18” es una frontera que ningún Gobierno italiano ha soñado nunca en traspasar. Monti está dispuesto. Los sindicatos, no. Será una batalla que tal vez determine el resultado de la guerra. También para saber si Monti sigue dispuesto a cambiar el país de arriba abajo o se conforma con reparar los desperfectos.

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