Las firmas recelan de las quitas en su deuda con el sector público

“Las facturas se pagan íntegras”, asegura Falcones, presidente y consejero delegado de FCC

El presidente y delegado de FCC, Baldomero Falcones.
El presidente y delegado de FCC, Baldomero Falcones.EFE

Una mezcla de alivio, preocupación y desconcierto. Es lo que sienten las empresas acreedoras de las Administraciones desde que el pasado viernes se enteraron de que el Gobierno proponía un novedoso sistema para cobrar antes: cobrar menos. Alivio porque ven más cerca el momento de que Ayuntamientos y comunidades autónomas les paguen. Preocupación por la perspectiva de que se institucionalice algo tan peligroso —y más aún en el sector público— como las quitas. Y desconcierto porque aún no conocen los detalles del sistema que el Gobierno va a poner en marcha.

En las últimas semanas varios responsables de las grandes empresas afectadas se habían reunido con los ministros responsables (el de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el de Economía, Luis de Guindos) para tratar un problema que drena de sus cuentas cientos —cuando no miles— de millones.

"Pienso recuperar durante este ejercicio el 100% de la deuda con las Administraciones", dijo este martes el presidente y consejero delegado de FCC, grupo al que el sector público adeuda más de 2.000 millones. Baldomero Falcones alabó la decisión del Gobierno —"Es un paso valiente, que viene bien para la economía y la creación de empleo"—, pero se negó a aceptar una quita. “Las deudas se pagan íntegras”, dijo rotundo, aunque admitió que esa es su posición de partida y que “no sería lo mismo” una rebaja del 1% que del 10%. También denunció que FCC se ha visto obligado a deshacerse de negocios para financiar a las Administraciones públicas.

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De los más de 2.000 millones que Ayuntamientos y comunidades autónomas adeudan a FCC, ya han vencido 1.700. La empresa que controla Esther Koplowitz es, con ACS, cuya deuda supera ampliamente los 2.000 millones, el grupo constructor y de servicios más afectado por la falta de liquidez del sector público, sobre todo por servicios que prestan a los municipios. Las palabras de Falcones contrastan con las más conciliadoras que había pronunciado el día anterior el presidente de Acciona. "Es una medida realista. Me preocupa que se institucionalicen las quitas, pero es mejor cobrar eso a nada", dijo José Manuel Entrecanales, al que las Administraciones deben una cantidad bastante menor que a FCC, 360 millones de euros.

Los autónomos critican el "concurso de acreedores de los entes locales" 

"El problema del decreto es la incertidumbre que provoca. Rebajas sobre el principal de una deuda genera inseguridad jurídica. Esperamos a ver los detalles para ver cómo reaccionamos", asegura Francisco Jardón, presidente de Aselip, la asociación de empresas de limpieza que engloba a los cuatro gigantes del sector (FCC, ACS, Ferrovial o Sacyr Vallehermoso). Aselip, que estima en 3.100 millones lo que les deben los Ayuntamientos.

El sector de los medicamentos y de la tecnología sanitaria también mira con interés y recelo la propuesta del Gobierno, informa Emilio de Benito. A los laboratorios se les deben 6.300 millones, y a las empresas de tecnología 5.200 millones, según las respectivas patronales, Farmaindustria y Fenin. Pero quienes no han pagado son las comunidades autónomas, no los Consistorios. Por eso, un portavoz de Farmaindustria se limita a afirmar que no tienen constancia de que la solución para su sector vaya a ser la misma (que cobren antes quienes ofrezcan una quita). "Esa solución puede servir para los Ayuntamientos, pero no es trasladable a las comunidades", afirma.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que reúne en torno a un millón de empresas, considera "preocupante" que el criterio de pago incite a "una especie de subasta de descuentos por parte de los proveedores". En medio de este río revuelto, los autónomos de la asociación ATA reclaman que el Gobierno dé prioridad al pago de facturas pequeñas. Esperan que de esta forma no tengan que aceptar ninguna quita. UPTA, otra organización de autónomos, rechazó el decreto, que considera "en la práctica, un concurso general de acreedores de carácter colectivo de las Administraciones locales, en el que hay una espera para cobrar, pero también una quita sustancial, ya que se debe renunciar a parte del principal y a todos los intereses generados por el retraso en el pago".

Sobre la firma

Es jefe de sección de Internacional. Antes fue jefe de sección de Economía y corresponsal en Berlín y Bruselas. Desde 2007 ha cubierto la crisis inmobiliaria y del euro, el rescate a España y los efectos en Alemania de la crisis migratoria de 2015, además de eventos internacionales como tres elecciones alemanas o reuniones del FMI y el BCE.

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