Hacienda prepara un plan para pagar las facturas pendientes de la administración

Los proveedores de los ayuntamientos o comunidades podrán acudir directamente a los bancos El Estado reclamará a las administraciones la deuda que haya sido satisfecha El Gobierno calcula que la operación puede valorarse en unos 30.000 millones

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, interviene en el Senado en el pleno de control al Gobierno.
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, interviene en el Senado en el pleno de control al Gobierno.Juan Carlos Hidalgo (EFE)

El Gobierno prepara un mecanismo de financiación para que las administraciones públicas puedan pagar las facturas pendientes que tienen con los proveedores. Se trataría de una "gran operación financiera" para la que se contará con todas las entidades financieras posible.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha avanzado esta tarde en el senado que "el mecanismo irá más allá de la línea ICO", según informa Europa Press. Y ha precisado que contará con la colaboración de las entidades financieras para "liquidar" la deuda comercial de comunidades autónomas y ayuntamientos. Montoro ha evitado cuantificar la medida pero ha matizado que será "considerable". "Se trata de sortear los obstáculos que se plantearon con las anteriores líneas de crédito del ICO", ha señalado en la sesión de control del Senado. El Gobierno ya aprobó una línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de hasta 15.000 millones de euros para que las comunidades autónomas pudieran pagar la deuda que mantienen con los proveedores. Además, avanzó que esta misma semana pondría en marcha otra línea ICO para los ayuntamientos. "El objetivo es que todas las facturas pendientes puedan ir a un recurso financiero, con los controles que establece el Gobierno de España", ha agregado el ministro.

La idea "es que en el plazo de unas semanas se puedan pagar todas las facturas pendientes", ha precisado el titular de Hacienda. Las principales organizaciones de proveedores de las administraciones públicas estiman en unos 40.000 millones euros, la deuda comercial pendiente de pago por parte de las administraciones públicas. Desde el Gobierno reducen esos cálculos y consideran que la operación rondará los 20.000 o 30.000 millones de euros. Con esta medida el Gobierno pretende inyectar liquidez en el sistema. Durante las últimas semanas, el Estado ha salido a los mercados y se está financiando bien. Las últimas subastas se han resuelto con éxito a unos tipos cada vez más bajos y con una demanda alta. por eso, en el Gobierno se considera que se debe aprovechar esa circunstancia.

El Gobierno aún está ultimando los detalles del mecanismo financiero. Pero el Ejecutivo pretende alcanzar un acuerdo o convenio con las entidades financieras para que puedan participar en la operación. Para ello está previsto que los bancos tengan un tipo de interés ventajoso para atraerlos a esta operación. Este mecanismo permitirá a un proveedor que tenga una factura pendiente de cobro con una administración pública acudir a un banco para cobrarlo. Si la factura está validada y cuenta con el visto bueno de la Intervención General del Estado, la entidad financiera la pagará y le reclamará la cantidad al Estado, que a su vez  se dirigirá contra la administración deudora.Se trataría de una especie de aval o respaldo del Estado a las administraciones públicas sobre la deuda comercial que ya tengan contraída. Aunque en el Gobierno consideran que se trata de un mecanismo para inyectar liquidez al sistema y descartan que se pueda utilizar para emitir más deuda.

En el Ejecutivo están satisfechos de como ha ido las últimas salidas al mercado del Estado. Una alta demanda ha acudido a la emisión de los títulos españoles a un tipo mejor que en emisiones anteriores. Y consideran que se debe aprovechar esta situación. 

El Ministerio de Hacienda trabaja estos días con Economía para ultimar los detalles de este mecanismo, que el Gobierno presentará el próximo viernes tras el Consejo de Ministros. Los técnicos jurídicos de ambos Departamentos estudian cual es el instrumento jurídico más adecuado para formalizar este mecanismo.

Sobre la firma

J. SÉRVULO GONZÁLEZ

Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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