El Gobierno endurece los requisitos para beneficiarse de los 420 euros
Unos 70.000 desempleados de 30 a 45 años sin cargas familiares se quedan sin subsidio - Trabajo aumentará el control sobre quienes cobran el paro
El guión anunciado dictaba que el Consejo de Ministros aprobaría ayer la segunda prórroga de la ayuda de 426 euros durante seis meses para los parados que agotaran la prestación o el subsidio. Y se cumplió, pero con una modificación no prevista. En esta ocasión, el programa temporal de protección por desempleo e inserción -nombre oficial- deja fuera a los parados de entre 30 y 45 años que no tengan cargas familiares. En números, 70.000 beneficiarios menos que podrán acogerse a la ayuda y 100 millones menos en la factura que tendrá que pagar el Ministerio de Trabajo.
"No se trata de un subsidio de 426 euros para parados. El objetivo es la inserción laboral", declaró el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, sobre todo el programa. Para asentar esta afirmación, el político catalán puso cifras sobre la mesa. En el año que lleva en vigor, se han beneficiado de la ayuda unas 615.000 personas, de las que 189.000 encontraron empleo. Sobre el cambio en concreto, apuntó que lo que hacía el Ejecutivo era seguir una resolución que el Congreso aprobó en el último debate sobre el estado de la nación.
Pero lo cierto es que la citada resolución, la 32 específicamente, solo insta al Ejecutivo a prorrogar por segunda vez la ayuda (el programa entra en la tercera etapa) y a "atender especialmente a los parados de larga duración [los que llevan más de un año sin trabajo], mayores de 45 años y menores de 30".
Hasta ayer, para poder recibir la ayuda había que cumplir tres requisitos: haber consumido la prestación o el subsidio por desempleo, firmar el compromiso de actividad (que acarrea la obligación de atender los itinerarios de inserción que marquen las oficinas de empleo) y no tener unas rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional (633,3 euros al mes). El Consejo de Ministros añadió un cuarto requisito que excluye a los parados sin cargas familiares de entre 30 y 45 años a partir del 15 de agosto. Esto quiere decir que quedan fuera quienes no cumplan los requisitos exigidos desde el pasado domingo.
Según los cálculos de Trabajo, 219.242 parados se podrán beneficiar de la ayuda en esta ocasión, lo que costará unos 420 millones. De no haberse endurecido las condiciones, fuentes gubernamentales apuntan que habría que sumar unos 70.000 beneficiarios y 100 millones más a la factura final.
Para los sindicatos, a los que el cambio cogió por sorpresa, lo aprobado ayer es una vuelta de tuerca más en la política social del Gobierno. "Ya dijimos en julio que nos parecía insuficiente el colectivo al que beneficiaba antes", explica Paloma López, responsable de Empleo de CC OO, "se sigue haciendo política antisocial". Desde UGT, el secretario de Acción Sindical, Toni Ferrer, lee algo más: "Aquí lo que subyace son las intenciones del Gobierno de restringir las prestaciones por desempleo. Además, se protege a menos personas". A las críticas se sumó el diputado de ICV, Joan Herrera, que calificó de "vergüenza" la restricción de la ayuda.
Los sindicatos mayoritarios creen que las intenciones del Ejecutivo han cambiado en los últimos días. La propuesta que ellos conocían, de finales de julio, no contemplaba el endurecimiento de las condiciones. Ferrer apunta en una dirección: "Esto llega desde el Ministerio de Economía". Con esta frase, señala al departamento al que culpan los sindicatos del giro de la política del Gobierno y del recorte de gasto social.
Además de este cambio, Corbacho anunció que en septiembre y octubre Trabajo elaborará un estudio para mejorar "la relación entre políticas activas y pasivas". Esta expresión es el eufemismo al que recurren los políticos, tanto en el Gobierno como en la oposición, para hablar de aumentar el control sobre los parados y la correspondiente sanción. "En el caso de que no se acepte un curso de formación, no se quiera participar en itinerarios laborales o se rechacen ofertas del servicio público de empleo, podría ser, efectivamente, objeto de la retirada de la prestación", señaló Corbacho, quien recordó que esa posibilidad ya está contemplada en la regulación actual.
Pero para llegar a esa sanción ya contemplada en la ley actual, se deben ofrecer cursos, itinerarios de inserción y puestos de trabajo a los parados por los servicios públicos. En definitiva, hacen falta recursos y ofertas de empleo, algo de lo que no andan sobrados. Así, mientras las oficinas de empleo españolas tienen un funcionario por cada 189 parados, en Europa la relación es de uno por cada 50.
El discurso de Corbacho ahonda en la línea que ya apunta la reforma laboral que insta al Gobierno a reformar el sistema de prestaciones para vincular más las políticas activas (itinerarios y formación) con las pasivas (prestaciones) cuando mejore el mercado laboral. Y, por las palabras de Corbacho ayer, parece que ha llegado el momento de ponerse manos a la obra: "Empiezan a verse los primeros síntomas de salida de la crisis".
