Los controladores llevan ante la Justicia el conflicto con Aena

El colectivo denuncia que el Real Decreto del Gobierno incumple las condiciones pactadas con el gestor aeroportuario

La Unión Sindical de Controladores Aéreos (Usca) ha presentado hoy una demanda de conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional por considerar el Real Decreto-Ley, aprobado por el Consejo de Ministros del 5 de febrero, inconstitucional al vulnerar su convenio colectivo. En un comunicado, USCA indica que esta petición se basa en la modificación de las condiciones de trabajo que el decreto quiere imponer a los controladores y que se considera que "vulnera la Constitución por incumplimiento de la normativa laboral vigente".

A juicio de los representantes de los controladores, la alteración del trabajo ha provocado la modificación, vulneración, la no aplicación de las condiciones pactadas y establecidas en el I Convenio Colectivo Profesional suscrito con Aena. Esta iniciativa, indica Usca, se basa en la creencia de que el Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno vulnera diversos artículos de la Constitución Española, algunos de ellos relativos a los derechos fundamentales.

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Desde el gestor aeroportuario, un portavoz ha afirmado que "en AENA estamos plenamente convencidos de la constitucionalidad del decreto", y que no viola ningún artículo ni derecho fundamental de la Constitución. En cualquier caso, tras recordar que el decreto "ha sido respaldado casi unánimemente por los grupos políticos en el Parlamento", los controladores están en su derecho de presentar este recurso y de llevar a cabo las actuaciones que crean oportunas dentro de la legalidad vigente.

Regreso a las negociaciones

AENA y el sindicato de los controladores retomarán a partir del próximo 10 de marzo las negociaciones del segundo convenio colectivo, según acordaron el ente público y el sindicato mayoritario del sector, que agrupa al 95% de los 2.400 controladores en plantilla, en su primera reunión tras la aprobación del decreto el pasado 25 de febrero. Por parte del ente público, las negociaciones serán llevadas a acabo por Cusan Abogados, despacho especializado en cuestiones de ámbito laboral y social.

Estas negociaciones llevaban bloqueadas desde 2004 y su ruptura definitiva desembocó en el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 5 de febrero. Ambas partes se culpan mutuamente de su fracaso. La norma fija una jornada laboral obligatoria de una media de 1.750 horas anuales, frente a las 1.200 que recoge el actual convenio, y limita las horas extraordinarias a un máximo de 80 al año, frente a las 600 horas actuales. De esta forma, establece una media efectiva de 18 horas a la semana en jornada diurna y de 12 horas semanales en turno de noche, descontados los descansos habilitados.

Con estas nuevas condiciones, el salario medio se reduce desde los 350.000 euros anuales a los 200.000 euros, para situarse por encima de la media de los cinco proveedores europeos: Alemania (158.000 euros), Francia (110.000 euros) y Reino Unido (70.000 euros).

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