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Los 27 no forzarán la separación patrimonial de las empresas energéticas

El paquete energético incluye un mecanismo para restringir la entrada en Europa de empresas energéticas extranjeras, como la rusa Gazprom

Los ministros de Energía de la Unión Europea han alcanzado hoy un acuerdo político de mínimos sobre la propuesta de la Comisión de desmembrar los grandes grupos energéticos separando la propiedad de las actividades de producción y la gestión de redes. La oposición frontal de Francia y Alemania ha obligado a descafeinar la norma, y finalmente se permitirá la supervivencia de las empresas verticalmente integradas, como la francesa EdF o la italiana ENI, aunque imponiendo una serie de salvaguardas para garantizar la independencia del gestor de la red. El paquete energético incluirá un mecanismo para restringir la entrada en Europa de empresas energéticas extranjeras, como la rusa Gazprom.

Alemania, Austria y Portugal han expresado sus reservas al compromiso aunque al final el Gobierno de Berlín se ha sumado a la mayoría. El acuerdo todavía debe precisarse a nivel técnico y ser objeto de acuerdo con el Parlamento Europeo. El comisario de Energía, Andris Piebalgs, se ha reservado también su posición hasta que la Eurocámara se pronuncie.

"A pesar de que todos los Estados miembros no pueden estar de acuerdo con todos los puntos del paquete, sí que tomo nota de que el Consejo ha llegado a un amplio acuerdo en los elementos fundamentales", ha dicho el ministro de Economía esloveno y presidente de turno del Consejo, Andrej Vizjak, tras toda una jornada de negociaciones.

Cláusula anti-Gazprom

Otra de las grandes novedades de este paquete energético es un mecanismo para restringir la entrada en Europa de empresas energéticas extranjeras, como la rusa Gazprom o la argelina Sonatrach, con el objetivo de evitar que se aprovechen indebidamente de la liberalización del mercado interior y actúen por motivos políticos y no comerciales.

De lo que se trata es de prohibir a las empresas extranjeras adquirir el control de infraestructuras energéticas europeas a no ser que exista un acuerdo bilateral específico entre la UE y el país de que se trate que garantice la plena reciprocidad.

Revisión tras dos años

El acuerdo incluye una cláusula de revisión que obligará a la Comisión a analizar el funcionamiento de la norma dos años después de su puesta en marcha. En concreto, el Ejecutivo comunitario deberá examinar si las empresas verticalmente integradas garantizan la competencia y las inversiones en infraestructuras en la misma medida que la separación patrimonial. En caso contrario, Bruselas debe presentar nuevas propuestas tres años después de la entrada en vigor de la norma, aunque no se precisa si se deberá apostar de nuevo por la separación patrimonial como opción única, tal y como querían España y Reino Unido.

Con la nueva norma convivirán en la UE tres modelos: la separación patrimonial, que está ya vigente en países como España y Reino Unido; el sistema de operador independiente, basado en el modelo escocés, y que consiste en que los grandes grupos energéticos puedan seguir conservando la propiedad de la red pero cediendo su gestión a un operador independiente; y la "tercera vía", propuesta por Alemania y Francia y que permite que sigan existiendo empresas verticalmente integradas.

La contrapartida a este tercer modelo es que se introducen toda una serie de salvaguardas o "murallas chinas" para garantizar la independencia del gestor de red. Por ejemplo, el gestor deberá contar con recursos propios, se aplicarán "periodos de cuarentena" a sus directivos para que no puedan venir de la compañía matriz ni volver, se deberá crear un consejo de supervisión, y se reforzará el poder de los reguladores, que podrán obligar a realizar inversiones.

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