Ybarra y Uriarte declararán el 15 febrero como imputados por un delito fiscal

El ex presidente del BBVA Emilio Ybarra y el ex consejero delegado de este banco Pedro Luis Uriarte declararán, el 15 de febrero, en la Audiencia Nacional como imputados por un delito fiscal de 21 millones de euros, tras la compra de parte del Grupo Financiero Probursa (GFP) de México.

Así lo indicaron hoy fuente jurídicas, tras la decisión del juez Baltasar Garzón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que también ha citado como imputado al entonces asesor tributario del banco Estanislao Rodríguez-Ponga -también ex secretario de Hacienda-. Además, el día 15 de febrero, comparecerán, también en calidad de imputados, los ejecutivos del banco en aquella época Luis Javier Bastida y Rodolfo Esteban Molinuevo, director general financiero y director general financiero adjunto, respectivamente, así como el jefe de la asesoría fiscal del BBV Juan Pedro Gil Vera.

En 2002, el juez Garzón abrió una pieza separada dentro del caso de las cuentas secretas del BBVA, para investigar si en la adquisición del 22,15% del Grupo Financiero Probursa en 1995 por BBV International Investment Corporation Puerto Rico (BBBVIIC) se produjo un delito fiscal.

El fiscal observa que la operación de compra de acciones de Probursa "se hizo a un precio exageradamente elevado, con el resultado de minorar las cuotas del Impuesto sobre Sociedades de BBV en los años 1995 a 1998", en un montante de 21,02 millones de euros. Sin embargo, el BBVA insiste, en un escrito al juzgado, en que la transmisión de acciones realizadas a BBV Internacional por las filiales de BBV en Panamá y Luxemburgo "venía obligada por la ley mexicana", tal y como demuestra -según la entidad- un documento de la Unidad de Banca y Ahorro de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público de los Estados Unidos Mexicanos.

Más precio para pagar menos

El ministerio fiscal entiende que lo importante no es si la operación de compra de GFP por BBV International Investment Corporation, a través de filiales de BBV situadas en Panamá o Luxemburgo, venía o no obligada por la ley mexicana -principal argumento del BBVA para justificar la operación-, sino que "la transmisión de acciones de GFP entre empresas del grupo BBV se hizo a un precio exageradamente alto, con el resultado de minorar las cuotas del Impuesto de Sociedades de BBV en los años 1995 a 1998".

Por ello, el BBVA trata de dejar constancia de que la operación se realizó el 4 de julio de 1995, en vez del 30 de junio, fecha que consta por una comisión rogatoria tramitada a Estados Unidos y por documentación obrante en el Juzgado Central de Instrucción número 5. La importancia de la fecha consiste en que se pagaron 2,76 pesos por acción, cuando el 30 de junio su valor en Bolsa era inferior a uno. De esta forma, el banco español minoró sus obligaciones con el Impuesto sobre Sociedades ante la Hacienda Pública.

Además, según el fiscal, el banco utilizó uno de los criterios de contabilidad previstos en la Norma Internacional de Contabilidad 32, el de "valor corriente del mercado", aunque ahora pretende que se empleó el de "análisis de flujo de caja descontado".

También descarta el Ministerio Público el argumento del BBVA consistente en que, a través de la Oficina Nacional de Inspección de la Agencia Tributaria, ha obtenido la cohonestación por vía administrativa de los hechos que desde 2002 se investigan por Garzón. El fiscal recuerda que el enjuiciamiento de los presuntos delitos penales corresponde a los órganos judiciales.

Por todo ello insiste en la citación como imputados de Ybarra, Uriarte, Molinuevo, Bastida, Gil Vera y Rodríguez-Ponga. El ex secretario de Estado de Hacienda no llegó a ser citado como imputado por Garzón cuando comenzó a investigar el caso BBV, al considerar que no había suficientes indicios contra él, a pesar de que un testigo protegido lo consideró responsable de las operaciones que el BBV realizó en paraísos fiscales.