El Defensor del Pueblo exige la intervención del Estado para frenar la escalada de la vivienda

Los once representantes de la institución piden a los municipios que destinen más suelo para pisos protegidos

El encarecimiento del precio de la vivienda ha centrado el debate que hoy han mantenido en Toledo el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, junto a los otros diez representantes autonómicos de esa institución. Todos ellos han dirigido una recomendación urgente a las administraciones para que garanticen el acceso a una vivienda "digna y adecuada". A su juicio, para lograr ese objetivo es necesario una mayor intervención pública en el mercado del suelo así como el fomento de los alquileres y de la construcción de viviendas protegidas.

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A comienzos de octubre, el Banco de España también alertó sobre el peligro de que estallara la denominada burbuja inmobiliaria y se produjera un "ajuste brusco" en el mercado inmobiliario si no se frenaban los precios, que la institución calculaba sobrevalorados entre un 8% y un 20%.

En el transcurso de las XVIII Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo, Enrique Múgica, y los otros diez Defensores del Pueblo autonómicos (Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra y País Vasco) han juzgado necesario una mayor coordinación entre las instituciones territoriales para fomentar políticas de intervención pública, con especial atención a los colectivos con dificultades, como son los discapacitados, las mujeres con cargas familiares y los inmigrantes.

Así lo han explicado en rueda de prensa la Defensora del Pueblo de Castilla-La Mancha, Henar Merino, y el Procurador del Común de Castilla y León, Manuel García Alvarez, al presentar estas conclusiones, que serán remitidas tanto al Parlamento nacional como a los de las Comunidades Autónomas.

Más suelo para viviendas protegidas

Los Defensores piden ampliar el ámbito de los "patrimonios municipales del suelo" e incluir los bienes inmuebles pertenecientes a todas las administraciones, con lo que pasarían a ser "públicos". Su destino básico sería la construcción de viviendas protegidas y para estos patrimonios públicos quedaría eliminado el sistema de subasta, ya que los Defensores consideran idóneo el concurso para su adjudicación. Además, recomiendan establecer un porcentaje del total del suelo destinado a vivienda para las protegidas, y procurar la mezcla equilibrada de grupos sociales, así como agilizar los procesos de urbanización de los terrenos.

Para ello, deberían establecerse mecanismos "que impidan la retención especulativa del suelo" a través de la garantía de los plazos de ejecución para la construcción de viviendas y "simplificar al máximo" la normativa de gestión urbanística.

Exenciones fiscales para el alquiler

En cuanto al mercado de viviendas de alquiler, los Defensores piden, entre otras medidas, la implantación de exenciones fiscales que por un lado fomenten su construcción bajo régimen de protección pública y por otro favorezcan a ofertantes y demandantes, así como el establecimiento de programas de rehabilitación de viviendas en régimen de alquiler en centros urbanos.

También, para garantizar el derecho a una vivienda digna, los Defensores del Pueblo recomiendan ejercer, en aquellas comunidades autónomas donde aún no se haya hecho, la competencia legislativa en la materia, en especial en lo que se refiere al ámbito sancionador relacionado con hogares protegidos.

También piden un especial cuidado para evitar que las viviendas protegidas se destinen a finalidades diferentes de las que motivaron su construcción, así como crear servicios públicos de inspección que reaccionen con eficacia ante conductas infractoras como el sobreprecio en la transmisión de este tipo de inmuebles.

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