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La crisis del euro

Economía vuelve a la carga con el control previo a las comunidades

El Eurogrupo debate hoy si fuerza a los países con problemas a pedir el rescate

Sigue el tira y afloja en el seno del Gobierno: Cristóbal Montoro (Hacienda) envía a las comunidades autónomas mensajes de laxitud en clave interna, y Luis de Guindos (Economía) aprieta las clavijas a los Gobiernos regionales, consciente de que Bruselas, Berlín y los mercados, tanto monta, exigen medidas drásticas de control del gasto al Estado. Y las comunidades autónomas, conviene no olvidarlo, también son Estado.

Guindos vuelve a la carga con el control previo a las comunidades: tras avanzar una propuesta de ese tipo hace unos días en la prensa anglosajona -que generó un enorme revuelo tanto por las matizaciones de Montoro como por la airada respuesta de algunos Gobiernos regionales-, Economía vuelve a ponerla sobre la mesa con todas las consecuencias. La agenda internacional obliga. La agenda, y también la necesidad de lanzar un mensaje inequívoco de severo control del déficit.

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Los ministros de la eurozona debatirán hoy en Bruselas una propuesta, que está cosechando una amplia aceptación, para que los Estados miembros entreguen anualmente un borrador de sus presupuestos para el año siguiente. Bruselas examinará esos borradores antes incluso de que sean presentados a los respectivos Parlamentos, y podrá pedir -si es el caso- que se revisen en caso de peligro. El peligro, en los tiempos que corren, siempre es el mismo: que el déficit no se reduzca lo suficiente. Fuentes de Economía defienden que ese mismo esquema, exactamente el mismo plan, es el que va a aplicar Madrid a las comunidades. La misma filosofía del control previo, a sabiendas de que las fórmulas aplicadas por el anterior Gobierno socialista (controles a posteriori) no dan resultados cuando las cosas van mal.

Así lo avanzó Guindos hace un par de semanas: "Habrá control previo. Antes de aprobar el presupuesto necesitarán la luz verde del Gobierno central". Fuentes de su equipo confirman que, a pesar de la confusión de los últimos días, Economía y Hacienda están de acuerdo en que eso supondría imponer en clave interna un sistema parecido al que va a aplicar Bruselas con los Estados miembros: el denominado "Reglamento sobre requisitos comunes" para el control y la evaluación de los borradores de planes presupuestarios y la garantía de la corrección de déficits excesivos en la zona euro.

Pese al habitual lenguaje imposible con el que la UE ha bautizado la propuesta, ese reglamento da a Bruselas nuevos poderes: permite a la Comisión someter a controles previos los presupuestos nacionales, con un calendario tasado y con una batería de datos que garantice los compromisos de reducción del gasto. En caso de riesgo de incumplimientos, la Comisión someterá a los países a una "vigilancia más estrecha". E incluso emitirá recomendaciones sobre "medidas adicionales" para corregir los déficits excesivos. Está por ver, eso sí, cómo resolverá esa mayor vigilancia y el anuncio de medidas adicionales el Gobierno central en el caso de las cuentas de las comunidades.

Esa apuesta tiene rotundas consecuencias políticas en España, con su federalismo fiscal asimétrico, su endiablado sistema de financiación autonómico y demás. La delicada situación de asfixia financiera de las comunidades llevó a Montoro a dar un mensaje conciliador en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera: Hacienda dio luz verde a los créditos del ICO para que los Gobiernos regionales paguen a los proveedores, y al aplazamiento del pago de sus deudas con el Gobierno central. Pero Economía teme que ese mensaje de cierta relajación con las cuentas regionales provoque preocupación en el exterior y vuelve a la carga con los controles previos, al amparo de las exigencias de Bruselas. El reglamento se aplica al conjunto de las Administraciones públicas: si luego Bruselas aprieta las clavijas al Gobierno central, lo mismo pretende hacer Economía con los Gobiernos autónomos, defienden fuentes del Ejecutivo.

El Eurogrupo de hoy -al que asistirá Guindos- debatirá, asimismo y entre otros aspectos, otra propuesta presentada el pasado noviembre por la Comisión para reforzar la gobernanza de la zona euro. Se trata de que la Comisión y el Banco Central Europeo puedan recomendar a un país con dificultades para financiar su deuda la posibilidad de pedir ayuda a la UE y al Fondo Monetario Internacional. La iniciativa no ha sido bien recibida por algunos países, que estiman que el conocimiento de este tipo de recomendaciones "puede tener efectos en los mercados" no deseados.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, el pasado 27 de diciembre en el Congreso de los Diputados.
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, el pasado 27 de diciembre en el Congreso de los Diputados.CHEMA MOYA (EFE)

Las peticiones de Bruselas a Madrid

- Los Estados miembros harán públicos anualmente sus planes fiscales a medio plazo no más tarde del 15 de abril.

- El anteproyecto de ley presupuestaria para las Administraciones Públicas se hará público no más tarde del 15 de octubre. La ley, antes del 31 de diciembre.

- Los Estados tendrán reglas fiscales de obligado cumplimiento, preferiblemente constitucionales.

- Los Estados tendrán un Consejo Fiscal independiente para controlar la aplicación de las reglas fiscales.

- Los Estados someterán a la Comisión y al Eurogrupo un borrador del presupuesto para el año siguiente antes

del 15 de octubre.

- Ante un incumplimiento serio de las obligaciones, la Comisión pedirá una revisión del borrador dos semanas después de recibirlo.

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