Desigualdad inquietante
En las últimas décadas, la desigualdad en la distribución de la renta ha aumentado de forma significativa. Con datos referidos a 2008, en el conjunto de las economías avanzadas, las agrupadas en la OCDE, la renta media del grupo comprensivo del 10% más rico es aproximadamente nueve veces la correspondiente al 10% que dispone de la renta más baja. La principal razón de la ampliación de esa brecha ha sido la creciente diferencia en las rentas salariales, representativas del 75% de los ingresos de los hogares. La desigualdad ha ascendido incluso en las economías tradicionalmente consideradas más igualitarias, como Alemania, Dinamarca y Suecia, donde la relación antes comentada es de 5 a 1. En Italia, Japón, Corea y Reino Unido, las diferencias son más abultadas, de 10 a 1. Y mucho más en Israel, Turquía y EE UU, donde esa diferencia es de 14 a 1. En Chile y México son 25 veces. Fuera de la OCDE, esas diferencias se multiplican hasta 50 veces, como en Brasil, a pesar de la reducción clara durante la última década.
En España, la situación no es precisamente favorable. La desigualdad no ha dado muestras de reducción en las últimas décadas. La renta media del 10% que más ganaba en 2008 era 12 veces superior al correspondiente al 10% que menos renta tenía. Completando esa visión con datos de Eurostat, esa desigualdad se habrá ensanchado en los últimos años, siguiendo significativamente por encima de los países de nuestro entorno.
Que una organización como la OCDE, tradicionalmente poco orientada a estudiar aspectos de la política económica tan relevantes como los asociados a la distribución, alerte de esas conclusiones es por sí solo relevante. Y es que el aumento de la desigualdad en la distribución de la renta no solo es en cierta medida un exponente del fracaso de las políticas económicas, sino que constituye un muy mal fundamento para la sostenibilidad del crecimiento económico. No solo no favorece la estabilidad social, sino que, como la evidencia ha demostrado suficientemente, genera tensiones económicas y financieras propiciadoras de crisis financieras como la que estamos viviendo.
La inquietud es razonable, especialmente en un momento en el que la crisis económica está manteniendo en el desempleo a más de 200 millones de parados en todo el mundo. Uno de los resultados adversos que esta crisis dejara será una peor distribución, una menor participación en la renta y en la riqueza de aquellos grupos de población con menor capacidad defensiva.
Hace bien, por tanto, la OCDE en advertir de las consecuencias y recomendar a los Gobiernos que actúen con rapidez para paliar esas diferencias excesivas. También acierta al sugerir a los Gobiernos una mayor capacidad distributiva de los impuestos. Y generación de empleos de mayor calidad. No son estas prescripciones muy compatibles con el tipo de ajustes presupuestarios que se están llevando a cabo en Europa, ni con las políticas laborales tendentes a aumentar la precariedad y vulnerabilidad. Reducir la exclusión, reforzar el contrato social debería ser, en efecto, una pieza importante en la articulación de salidas a una crisis que no originaron quienes acabaran pagándola en mayor medida. Esa es una de las condiciones necesarias para que el capital basado en la confianza no sufra aún más.
