Atrapado en la dinámica judicial

Joan Laporta, y siete exdirectivos del FC Barcelona, eludieron el pasado 30 de septiembre el embargo de sus bienes por la suspensión cautelar de la ejecución de la sentencia que le obligaba a avalar su deficitaria gestión en el club azulgrana. El socio Vicenç Pla solicitó al juez la paralización del proceso, hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo, después que el entrenador, Pep Guardiola, expresara su "tristeza" por la situación de las familias afectadas e instara a la unidad del barcelonismo porque, a fin de cuentas, el propio Laporta y el actual presidente, Sandro Rosell, "son dos caras de la misma moneda".

La tregua judicial ha durado hasta hoy, en que Laporta se enfrenta a una demanda interpuesta por el agente Bayram Tutumlu por incumplimiento de contrato. Al club azulgrana le pueden aguardar hasta cinco procesos en los que están involucrados directivos o exdirectivos, circunstancia que reabre el conflicto social y subraya las importantes diferencias entre Laporta y Rosell.

Tutumlu reclama a Laporta el cobro de un 10% por su intervención en las operaciones realizadas por el Barcelona en la República de Uzbekistán. El intermediario de futbolistas denuncia que el club barcelonista solamente ingresó unos seis millones de euros pese a que al menos se movieron entre 22 y 23 en diversos eventos que contaron con la participación de jugadores como Messi, Puyol, Iniesta, Cesc y Eto'o.

Laporta volverá a ser citado en los juzgados el día 24 de octubre por haber impugnado la asamblea de 2010 después que la actual directiva no le dejara defender sus cuentas ante los socios compromisarios. Hasta que no se resuelva la impugnación difícilmente comenzará el juicio sobre la acción de responsabilidad contra la última junta de Laporta, basada en la due diligence y acordada precisamente en la asamblea del 16 de octubre del año pasado.

El expresidente denunció que el club le había negado la posibilidad de consultar la totalidad de la due diligence. Un juez atendió la solicitud de Laporta, pero la directiva decidió recurrir porque entender que el documento contiene información confidencial.

Hay por tanto tres casos abiertos por el resultado de la asamblea de 2010: la acción social de responsabilidad votada por los compromisarios, a propuesta de la junta de Rosell, contra la anterior directiva; la impugnación de la propia asamblea solicitada por Laporta, y la due diligence. Quedaría como quinto asunto la sentencia del Supremo sobre los avales.

El consejo presidido por Rosell sostiene tanto en público como en la denuncia presentada que la junta de Laporta despilfarró el dinero y dejó tras su marcha cantidades importantes sin justificar.