El campo se la juega en Bruselas

Inquietud ante el recorte de fondos de la PAC que se presenta esta semana

El campo andaluz se la juega esta semana en Bruselas. La Comisión Europea tiene previsto dar a conocer el miércoles las propuestas legislativas para la reforma de la Política Agraria Común, la PAC, esas siglas que tienen en vilo a más de 280.000 agricultores de la comunidad porque de ellas depende buena parte de su renta agraria. Andalucía ha consensuado una posición conjunta entre el Gobierno y las organizaciones agrarias, pero el ya seguro recorte del presupuesto comunitario y la intención de establecer una tasa plana que sustituya a los derechos históricos hacen presagiar una dura pugna política ante el previsible trasvase de fondos de unas regiones a otras. Las claves para entender esta trascendental reforma para el campo andaluz son las siguientes:

Dos tercios de las explotaciones se llevan solo el 15% de las ayudas directas
La Junta defiende la subsidiariedad para tener autonomía en el reparto

- ¿Qué se juega Andalucía? La comunidad recibe en la actualidad 1.680 millones en ayudas directas, siendo la primera del país y la cuarta de Europa en volumen de fondos. El valor medio de subvenciones a cada agricultor es de 5.347 euros, o de 413 euros por hectárea. La media española es de 4.798 euros por beneficiario. El olivar, con más de 800 millones, es el cultivo con más ayudas, seguido de frutas y hortalizas (97), herbáceos (84) o algodón (80). Desde 1990, el valor de la Producción Agraria andaluza se ha incrementado en un 130% (más del doble que en el resto de España) y Andalucía concentra ya el 37% del empleo agrario del país.

- ¿Qué plantea Bruselas? Las Perspectivas Financieras para el periodo 2014-2020 aprobadas por la Comisión Europea en junio prevén un recorte del presupuesto para la PAC del 12% en términos reales. Junto a este recorte también se plantea un cambio en el sistema actual de ayudas, acabando con los derechos históricos y asignando derechos por superficie o, lo que es lo mismo, una tasa plana. Cada país tendrá un sobre nacional (de unos 5.000 millones para España), y se tendrá que destinar un 30% a desarrollar una política verde. Cada Estado podrá sacar un 5% para apoyo a explotaciones en zonas desfavorecidas, otro 5% para apoyo a cultivos en dificultades, hasta un 10% para los pequeños agricultores y un 2% para apoyo a los jóvenes. Por último, se propone un recorte progresivo de las ayudas más grandes (del 20% al 70% según los tramos), una medida que busca una mejor redistribución y primar a los agricultores en activo en detrimento de los terratenientes. En la actualidad, casi dos tercios de las explotaciones con derecho a ayuda tienen menos de cinco hectáreas, pero se llevan solo el 15% de las subvenciones.

- ¿Cuál sería el impacto en la comunidad? Andalucía rechaza la tasa plana en las ayudas que se quiere imponer desde Bruselas por entender que se propiciaría una agricultura improductiva. Si ese criterio sigue adelante, las estimaciones de la Junta es que se perderían el 15% de las ayudas directas, aunque Asaja eleva el porcentaje al 60% al perderse los derechos históricos. El olivar, el arroz y otros herbáceos de regadío extensivo serían los cultivos más perjudicados. A la Junta le preocupa también por excesivo el tramo verde del 30% (ahora ya se tiene que cumplir con la condicionalidad) y, sobre todo, que se produzca un trasvase de fondos entre regiones, algo que podría perjudicar claramente a Andalucía en beneficio de otros territorios como Castilla-León. La ministra del ramo, Rosa Aguilar, ha ofrecido a las autonomías un pacto que fije una posición común sobre la PAC, pero este acuerdo se antoja complicado al coincidir el debate agrícola con la convocatoria electoral del 20-N.

- ¿Cuál es la propuesta andaluza? Andalucía ha hecho un frente común entre el sector agrario y la Administración que pasa, en primer lugar, por exigir el mantenimiento de la ficha financiera actual y que no haya recortes. La Junta reclama que las regiones tengan la necesaria subsidiariedad en la aplicación de la PAC, esto es, autonomía para que cada comunidad pueda adaptar las ayudas a la singularidad de cada territorio y a las orientaciones productivas de sus explotaciones. Fundamentalmente, se pone el acento en la peculiaridad del olivar (el 30% del europeo), el regadío, la dehesa y la ganadería extensiva.

Otra cuestión que pide el sector es mejorar y actualizar los mecanismos de gestión de mercados para responder con eficacia a la volatilidad de los mercados. Se pone como ejemplo el desfase del precio de referencia para activar el almacenamiento privado, cifrado hace más de una década. También se aboga por mejorar los mecanismos de gestión de crisis (sobre todo después de la experiencia con el brote de E. coli), la adecuación de la normativa de competencia, la reciprocidad en los acuerdos comerciales con terceros países (para evitar conflictos como el de las exportaciones incontroladas marroquíes), el mantenimiento de los fondos de desarrollo rural y la simplificación de los trámites para solicitar las ayudas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 10 de octubre de 2011.

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