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El PP insiste en restringir el acceso a las ayudas sociales para que "lleguen a quien las necesita"

El curso que ahora comienza será clave para el sistema de protección social de los próximos años. No solo porque va a suponer un avance en todo lo relativo a los servicios sociales, cuya cartera y mapa serán aprobados en breve, sino porque afrontará la modificación legal de la ley que regula las ayudas sociales, una norma que mantiene a Euskadi en el puesto de cabeza en materia de protección social de todo el Estado. El PP dejó clara ayer su postura de cara a la negociación parlamentaria que comienza la próxima semana sobre la modificación de la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social de 2008. La principal propuesta para "mejorar un buen sistema" radica en elevar el requisito de empadronamiento de un año a cinco, lo que dificultaría el acceso a las ayudas sobre todo a personas inmigrantes. La parlamentaria del PP, Laura Garrido, explicó sus propuestas ayer por la necesidad de "garantizar que el sistema llegue realmente a las personas que lo necesitan" y aseguró que los cinco años van en la línea de otros países con un buen sistema de ayudas. Uno de los pilares de las enmiendas de este partido, y el punto en el que se podría lograr el mayor acuerdo, se basa en el control de las ayudas para atajar el conocido como el fraude social. En este sentido, los populares piden, entre otras cuestiones, revisiones trimestrales de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y mensuales de las Ayudas de Emergencia Social (AES), así como la creación de un servicio de inspección específico. Aunque no son generalizados, "se están produciendo abusos", afirmó tajante Garrido. El PP también pide endurecer las sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte de los perceptores. "Es muy injusto que en situación de crisis haya personas que se queden fuera" por esta razón, señaló, aunque esto solo se da en las AES, porque en el caso de la RGI todo aquel que cumple con los requisitos puede recibir la ayuda aún cuando se agota la partida destinada a ello. El Gobierno ha abierto esta oportunidad de modificación por la intención del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de relacionar ayudas sociales y búsqueda de empleo tramitando dos ayudas -RGI y complemento de vivienda- desde Lanbide y no desde las diputaciones y los ayuntamientos, un aspecto que Garrido apoyó ayer. La modificación avanza con retraso, pero mientras ocho municipios están probando ya el cambio -en estos momentos ultiman sus conclusiones-. Las tres capitales trabajan sobre el escenario de que desde el 1 de enero sea el Servicio vasco de Empleo el que realice este trabajo. "Hay margen para el acuerdo", señaló Garrido. El PNV pide entre sus enmiendas, como los Ayuntamientos, incluir las AES en Lanbide, pero el Gobierno ha mostrado su rechazo y el proyecto de Ley Municipal mantiene estas ayudas en los consistorios.

Las tres capitales prevén que Lanbide asuma la gestión de las ayudas en enero

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 9 de septiembre de 2011