La Defensora del Pueblo investiga la falta de atención sanitaria a desplazados

La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha abierto una investigación de oficio a raíz de las quejas de los ciudadanos que han encontrado dificultades para recibir atención sanitaria fuera de sus comunidades autónomas de origen.

En un comunicado, la institución señala que ha decidido investigar por su cuenta porque "persisten" las quejas que recibe. "Preocupan especialmente tanto las limitaciones en el acceso a consultas de atención especializada como la situación de los enfermos crónicos sometidos a un estricto tratamiento farmacológico que, en sus desplazamientos temporales a otra comunidad, no pueden acceder a los medicamentos que precisan", asegura la Defensora.

La investigación se ha abierto ante el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, añade el comunicado. El ministerio aseguró la semana pasada, después de que se conocieran casos de comunidades que niegan o dificultan la asistencia sanitaria a los ciudadanos desplazados, que únicamente puede actuar de oficio si recibe denuncias. Al Gobierno, añadieron desde Sanidad, no le consta que se nieguen recetas a crónicos o citas con el especialista.

Sin embargo, el último informe del Defensor (de 2010) habla de diversas denuncias contra servicios de salud autonómicos por estos mismos problemas . También algunos defensores autonómicos, como el de Navarra, han emitido dictámenes a raíz de quejas de pacientes.

La ministra de Sanidad, Leire Pajín, envió el pasado día 1 una carta a varias comunidades, entre ellas Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Madrid, en la que les dice que han aparecido "informaciones" en relación a la atención sanitaria de los desplazados "que han generado cierta inquietud social así como cierta confusión".

En la misiva les recuerda que la atención sanitaria "no debe verse afectada por eventuales desplazamientos" y les ofrece una reunión de trabajo con el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, para tratar la cuestión. Algunas de estas comunidades anunciaron la semana pasada que quieren pedir en el próximo Consejo Interterritorial que el ministerio habilite un sistema de compensación de las atenciones sanitarias de ciudadanos de otras comunidades.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública aseguró ayer mediante un comunicado que la actuación de la Defensora es "positiva" para garantizar la protección del derecho a la salud, pero "debería haberse producido antes", porque los hechos denunciados vienen sucediendo desde hace tiempo.