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El consejero Carlos Aguirre con el presidente de Kutxa, Xabier Iturbe / JAVIER HERNÁNDEZ
La justicia europea no dejó ayer margen alguno a la sorpresa y dio carpetazo definitivo al conflicto que se ha seguido durante más de una década en los tribunales a cuenta de las ayudas fiscales que las haciendas vascas concedieron en los 90 a unas 300 empresas.
El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, admitió ayer que en su sindicato "preocupa" que el diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano (Bildu), diga que "hay puntos en común" con las propuestas fiscales del lehendakari, Patxi López, que la central abertzale considera "negativas".
El presidente de BBK, Mario Fernández, subrayó ayer que tras el proceso de integración de las tres Cajas vascas cada entidad mantendrá una "total autonomía" para desarrollar la obra social en el territorio del que son referente y rechazó que la fusión sea sinónimo de privatización.
La justicia no tendría un conocimiento tan profundo del modus operandi de la presunta trama corrupta del caso De Miguel de no ser gracias a la abundante documentación interna -tanto notas manuscritas como documentos guardados en ordenadores- encontrada gracias a los registros realizados durante las ocho primeras detenciones en marzo de 2010.
Euskadi quiere iniciar proyectos de investigación en torno al envejecimiento, probar los avances, producirlos en empresas privadas para poder sacarlos al mercado y aplicarlos en sus hospitales y en sus familias, con servicios o productos que mejoren la vida de los mayores.
Dos donostiarras acogen a un niño senegalés que será operado de una grave enfermedad - "Cambiará su vida y la nuestra", aseguran
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