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Francisco Camps tras anunciar su dimisión / TANIA CASTRO
Le apoyó por delante, por detrás, al lado, se tragó todos los sapos por él, vinculó el futuro político de ambos, le aclamó en plazas de toros cuando todo el mundo sabía que lo quería ver dimitido. Nunca le pidió que se fuera. Esperó y esperó, confiado en que algún momento la presión lo reventaría.
Francisco Camps compareció ayer pasadas las cinco de la tarde en el patio gótico del Palau de la Generalitat para realizar su última alocución como presidente de los valencianos. Arropado por su Gobierno, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el responsable del área de Justicia del PP, Federico Trillo, Camps realizó su alegato en un ambiente cargado de crispación.
El despacho del ya dimitido presidente de la Generalitat, en el centro de Valencia, ha sido en los últimos dos días una olla a presión, llena de indecisiones, advertencias, consejos y, sobre todo, impotencia para salir de la vía muerta en la que Francisco Camps estaba metido desde que el 19 de febrero de 2009 se supo que estaba implicado en el caso Gürtel.
Apenas tres horas después de que Francisco Camps dejara la presidencia de la Generalitat, el PP valenciano ya tenía sustituto. Alberto Fabra, alcalde de Castellón, fue elegido por aclamación por los miembros de la Junta Directiva Regional del partido para tomar el timón del Gobierno valenciano.
La negativa del todavía presidente del Gobierno valenciano, Francisco Camps, a aceptar la pena y su anuncio de que quiere mantener intacta su honorabilidad y defenderse del delito de cohecho impropio que le atribuye el juez José Flors genera un batiburrillo procesal.
El PP de la Comunidad Valenciana se encuentra implicado en múltiples tramas y sometido a investigación judicial por presunta financiación ilegal
Las imágenes que se creó el dimitido mandatario de la Generalitat valenciana se han derrumbado
Algo más de dos años han pasado desde que EL PAÍS -en medio de fuertes presiones y el silencio inicial, cuando no críticas de los medios afines al PP a su labor informativa- empezó a tirar de los hilos de la mayor trama de corrupción que sacude España desde el advenimiento de la democracia.
El Gobierno de Artur Mas consiguió ayer sacar adelante los presupuestos de la Generalitat para este año, que consagran los recortes de gasto del 10%, que han suscitado malestar entre trabajadores y usuarios de los servicios públicos, sobre todo sanitarios, y que ayer motivaron una nueva manifestación de los indignados.
La sesión de control de ayer en el Congreso se animó, como es habitual, al llegar el choque entre la popular Soraya Sáenz de Santamaría y la vicepresidenta, Elena Salgado. Sáenz saltó cuando la ministra de Economía la acusó de demagogia: "Demagogia.
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