Los pagos de SDAE iban firmados por Bautista, Azcoaga o Loras

¿Cuál fue la participación de los directivos de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en la trama de desvío de fondos millonaria que investiga la Audiencia Nacional? Para hacer cualquier pago en nombre de la filial digital investigada, la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE) -a través de la cual supuestamente se hacían los trasvases ilegales de dinero-, era necesaria la firma de al menos dos personas con poderes, según fuentes de la SGAE. Uno de ellos era el director general de la SDAE, José Luis Rodríguez Neri, sospechoso de ser el cerebro de la trama y en prisión preventiva -eludible si paga una fianza de 300.000 euros que aún no ha depositado-. Las otras tres personas que podían acompañarle en la firma eran Eduardo Teddy Bautista, Enrique Loras y Ricardo Azcoaga, presidente, consejero y director financiero de la SGAE respectivamente. Los otros tres directivos imputados.

Alguno de los tres directivos autorizaba cada desembolso junto a Neri

Aparte de otros indicios delictivos que puedan aparecer en la investigación, la instrucción tendrá que determinar si quien firmaba era consciente o no de que los pagos se llevaban a cabo por servicios no prestados o incluían precios muy superiores a los de mercado. Y si conocía la trama de empresas "parasitaria" de la SGAE, en palabras del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, creada por Neri y por su socio Rafael Ramos -también imputado y en prisión preventiva eludible bajo fianza de 150.000 euros-.

El funcionamiento de la SDAE era el siguiente: Neri, como director general, tenía amplios poderes para decidir cómo y con quién se contrataba. Y por qué cuantía. Era el responsable absoluto. Podía inflar las cuentas y el precio de los servicios que cobraban sus empresas cuanto quisiera. Eso sí, el proyecto tenía que tener además el visto bueno del Consejo de Administración de SDAE, que también fiscalizaba los resultados. Los controles, evidentemente, no funcionaron, según reconocen fuentes de la propia Sociedad General de Autores. El grado de autonomía otorgado a Neri, por razones aún no explicadas, era inmenso. Nadie supo o quiso fiscalizar su actuación. El director financiero, el imputado Ricardo Azcoaga, nunca manifestó que hubiera irregularidades.

Los contratos, presuntamente fraudulentos, pasaban por las manos de los servicios jurídicos de la SDAE. Otra de las patas que podría haberse dado cuenta del fraude. Pero, casualmente, la jefa de los mismos fue la abogada Eva García Pombo, según fuentes de la sociedad. La hermana de la pareja de Neri. Imputada también en la causa, no solo era la encargada de los servicios jurídicos de la SDAE. Lo era también de los de Microgénesis, la empresa de Neri y de Rafael Ramos, la principal compañía implicada en el fraude según los investigadores. Es decir, la misma persona gestionaba los contratos en nombre de las dos partes que contrataban: Microgénesis y SDAE. A su vez, era apoderada de Microgénesis.

Los investigadores sospechan que Neri montó un entramado en el que todo estaba calculado: él decidía absolutamente todo sobre SDAE y la ejecutora de sus planes dentro de la compañía era su cuñada, en libertad con cargos en estos momentos. El Consejo de Administración daba el visto bueno a los proyectos y alguno de los tres directivos autorizados firmaba. El juez considera que hay indicios de que tenían "suficiente conocimiento" de la vinculación entre Microgénesis, Neri e Hipotálamo, una empresa que utilizaba para cobrar facturas a SGAE o SDAE en concepto de "consultoría" que nadie sabe explicar en qué consistía. En el caso de Teddy Bautista el juez va más allá afirmando que "probablemente autorizó, consintió e impulsó" el entramado empresarial.

Tendrá que determinarse judicialmente si estaban al corriente y, en segundo lugar, si se lucraron con la operación. Lo cierto, por el momento, es que ninguno de los tres investigó, a pesar de sus funciones y poderes, qué ocurría dentro de la SDAE tras la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción en 2007 por asociaciones de internautas ni tras los debates sobre el tema en la Asamblea General de Socios de la SGAE de ese año, recalca el juez.

El magistrado Pablo Ruz ha ordenado la toma de declaración ante la Guardia Civil de una quincena de testigos. Ayer declararon miembros y exmiembros de la junta directiva y personal de la SGAE junto a las hijas de los imputados Ramos y Neri y la hermana de este último, Juana. Las tres citadas en el auto judicial de Ruz como relacionadas de alguna manera con la trama.