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Análisis:EL ÚLTIMO RECURSO

Regreso al pleistoceno

El último juicio por un ataque de los GAL en el sur de Francia, en 1986, se inicia hoy en la Audiencia Nacional

El escritor y especialista en humor negro Ambrose Bierce sostenía: "La muerte no es el final. Después de eso, todavía queda pendiente el litigio de la herencia". Y algo parecido debe de sentir el ex jefe superior de Policía de Bilbao Miguel Planchuelo, procesado en 1995 por financiar dos atentados de los GAL de hace 25 años, en un sumario que se concluyó hace más de una década, y para el que se piden 114 años de cárcel.

El 13 de julio de 1988, los policías José Amedo y Michel Domínguez fueron detenidos y encarcelados por el juez Garzón por su participación en el reclutamiento de tres mercenarios portugueses -Antonio Jorge Ferreira Cisneros, Paulo Figueredo Fontes y Rogerio Carvalho da Silva- que en 1986 ametrallaron los bares Batxoki y La Consolation, en el sur de Francia, causando seis heridos graves. Era el inicio del caso GAL.

Tres años después, el 20 de septiembre de 1991, los dos policías eran condenados a 108 años de cárcel como autores de seis asesinatos frustrados, aunque el tribunal entendió que los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que no eran otra cosa que mercenarios y miembros de las fuerzas de seguridad dirigidos desde Interior para hacer la guerra sucia contra ETA, no eran una banda terrorista, porque su intención no era "subvertir el orden constitucional".

Amedo y Domínguez fueron absueltos en ese mismo juicio de haber asesinado en 1987 al prófugo de la mili Juan Carlos García Goena, a pesar de que sus examantes, Inmaculada Gómez y Blanca Balsategui, habían declarado que los agentes les habían mostrado la víspera del atentado la bomba que luego colocaron en los bajos de su vehículo y de que les habían explicado que lo hacían para llamar la atención de sus jefes, que no les recibían y les habían dejado tirados.

Ese fue el crimen postrero de los GAL, aunque algún personaje pretendió hacernos creer que el vídeo en el que él se embutía en un corpiño era el último atentado de la banda; y ahora aún porfía en que nos traguemos que ETA estaba detrás de la matanza del 11-M.

El tribunal razonó la absolución de Amedo y Domínguez por aquel asesinato en que las examantes podían tener animadversión hacia los policías por haber sido abandonadas.

Pero si algo quedó claro en aquel juicio, celebrado en 1991, fue el viaje de los dos policías españoles a Portugal, donde Amedo, como Anacleto agente secreto, pagó los gastos en el hotel Ritz, de Lisboa, y del restaurante O Pescador, de Cascais, con su propia tarjeta Visa. Luego se acreditó el trayecto por carretera hasta Bilbao, donde los mercenarios se alojaron en el hotel Nervión, y posteriormente en los hoteles Orly y Niza, de San Sebastián, y en el Alcázar, de Irún.

El 8 de febrero de 1986, los tres mercenarios ametrallaron el bar Batxoki, de Bayona (Francia), causando cinco heridos graves, entre ellos dos niñas, y regresaron a España. Pero, según declararon, al no haber habido muertos, los policías se negaron a pagarles y les enviaron el 12 de febrero a un nuevo atentado, el ametrallamiento al bar La Consolation, de San Juan de Luz, donde hirieron al etarra Juan Ramón Basañez. En esa acción fue detenido Figueredo, mientras Carvalho consiguió cruzar la frontera y se reunió con Ferreira, que se había quedado en España.

Ahora, cuando se cumplen ya 25 años de aquellos atentados, más de 20 desde que se extinguieron los GAL, y más de una década del último juicio del grupo, el que fuera jefe superior de policía de Bilbao Miguel Planchuelo, de regreso al pleistoceno, ya con 70 años y hace tiempo expulsado de la policía, vuelve a ser juzgado -fue condenado en julio de 1998 a nueve años por el secuestro de Segundo Marey- por haber financiado supuestamente el viaje de los mercenarios y los atentados. Aunque el fiscal pide su absolución, la acción popular reclama para él 114 años de prisión. Casi nada.

Y de nuevo Amedo, en el papel de princesa resentida que lleva representando desde hace más de 20 años para vengarse de sus jefes, vuelve a amenazar con tirar de la manta y contar su nonagésima verdad. Lástima que a estas alturas tenga la misma credibilidad que Ruiz-Mateos cuando afirma que si no tuviera dinero para pagar sus deudas se suicidaría si no se lo prohibiera su religión.

Y usted lector se preguntará: ¿Es razonable juzgar en 2011 a un tipo de 70 años que fue procesado en 1995 y cuyo sumario concluyó hace más de 12 años?

Nada peor que la condena de un inocente o la impunidad, pero el reúma de la justicia en algunos casos es lamentablemente patético.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 4 de abril de 2011