Cuestión de credibilidad
El letrado de Sortu, Iñigo Iruin, confirmó ayer, ante el Tribunal Supremo, un dato clave para la historia terminal de ETA: la bomba de la T-4 en diciembre de 2006 fue el origen del enfrentamiento entre la izquierda abertzale y la banda. O, dicho de otro modo, el último proceso de final dialogado del terrorismo fue clave en el fin de ETA.
En los cuatro años que van desde esa fecha hasta la presentación de los estatutos de Sortu, el pasado 7 de febrero, la izquierda abertzale ha roto políticamente con ETA. El momento decisivo fue febrero de 2010, cuando sus bases votaron mayoritariamente la ponencia Zutik Euskal Herria, que rechaza toda la violencia, incluida la etarra. Los estatutos de Sortu, con su reiterado rechazo a la violencia; la irreversibilidad de su compromiso; la expulsión de quienes estén incursos en actos de violencia y la respuesta puntual a las exigencias marcadas por la jurisprudencia de los tribunales se lo ponen difícil a la Sala 61 del Tribunal Supremo para dictar un fallo de rechazo a su inscripción como partido, como pretenden el Gobierno y el PP.
El problema de Sortu, al proceder muchos de sus promotores de la antigua Batasuna, es de credibilidad política. Incluso entre quienes creen que, esta vez, su apuesta es seria, hay quienes piensan que conviene mantener la presión sobre Sortu hasta que logre el fin definitivo de ETA, pues una legalización ahora relajaría su compromiso de terminar con el terrorismo. Otros, por el contrario, creen que la legalización reforzaría a los promotores de Sortu frente a quienes recelan, en las filas de la izquierda abertzale, del rechazo a la violencia de ETA, e incluso que debilitaría más a la banda. Pero lo deseable sería que primaran sobre todo los argumentos jurídicos.
