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La oposición asedia a Griñán con los ERE

Arenas y Valderas exigen al presidente que dimita y convoque elecciones

Todos los debates conducen al caso de los ERE. Este es el principio que rige en la actualidad política andaluza y también en el Parlamento autónomo. Ayer se vivió un nuevo capítulo: una decena de preguntas con el monotema durante la sesión de control al Gobierno, otra petición de una comisión de investigación, la tercera (rechazada), y el encontronazo -cada vez más airado- de Javier Arenas y Diego Valderas con el presidente de la Junta y líder socialista.

El Ejecutivo andaluz ha dado prácticamente por concluida la investigación interna, con un saldo de 146 intrusos (59 seguros y otros 87 calificados como "discrepancias administrativas"), la ha entregado al juzgado, se ha personado como acusación y ha iniciado los trámites para recuperar el dinero estafado. Pero la oposición pide responsabilidades políticas y ya no le basta uno, dos o tres cargos medios: quiere la cabeza de José Antonio Griñán. Además, cuanto antes.

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En la habitual agarrada entre Arenas y el socialista irrumpió ayer con estruendo Diego Valderas, quien dedicó párrafos durísimos a Griñán, hasta ahora inéditos, e incluso sacó ventaja en aspereza al rocoso líder del PP. "El clima está viciado, el Gobierno andaluz es insolvente y solo se habla de corrupción, corrupción y corrupción. Usted ha sido responsable de ello por acción u omisión". Valderas enlazó el caso de los ERE con la crisis económica, el paro, las protestas de los agricultores en "los caminos", la PAC, las ayudas a las empresas con fondos de la Unión Europea y hasta la bofetada del Tribunal Constitucional (TC) al anular las competencias sobre la gestión del Guadalquivir.

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El balance: "Una epidemia de desconfianza que impide culminar la legislatura. Su gestión manirrota está marcada por las malas noticias, la frustración. No sale de una cuando entra en otra. Se ha convertido usted en una rémora". Esta devastadora lectura de la situación de Andalucía únicamente podría conducir a una receta: el adelanto electoral.

Dio la impresión de que José Antonio Griñán no se apercibió de la embestida del izquierdista. Le escuchó sin ofrecer muestras de alteración, sin fruncir siquiera el ceño. Mientras, la bancada socialista -presta siempre a convertir los murmullos reprobatorios de fondo en sonoros abucheos- permaneció impasible, revolviendo papeles y mirando los ordenadores portátiles. El socialista le explicó a Valderas con tono profesoral que el PIB ha crecido en Andalucía el doble que en las zonas más ricas y que compartía las reivindicaciones del sector agrario. Tan solo le afeó su expresión "apocalíptica".

En cuanto a anticipar los comicios autonómicos, le dijo sencillamente que no: "Hay agenda, hay actividad, hay leyes que desarrollar, contenciosos que resolver y proyectos de ley que tiene que aprobar esta Cámara. Las elecciones andaluzas serán el 4 de marzo de 2012".

El cruce con Arenas fue otra cosa. Entreverada con las mordaces pinceladas que forman parte ya de la relación política de ambos, la cuestión estrella fueron los tres informes de la Intervención General de Hacienda que discrepaban con el procedimiento administrativo que se utilizó para conceder los ERE. El popular sostuvo que el socialista los conocía porque le llegaron cuando era consejero de Economía, y desde esta premisa, con la literaria fórmula del Yo acuso de Émile Zola, le dijo que miente, que permitió que ocurriera el supuesto fraude, así como que había hecho desaparecer los controles. Él, y el ex presidente de la Junta y ahora vicepresidente tercero del Gobierno Manuel Chaves.

Luego el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, entregó a los periodistas un documento que los populares consideran la prueba palpable que demuestra que Griñán "supo" la presunta estafa y la "tapó". Se trata de una comunicación interna del Interventor General de Hacienda en la que da traslado del "informe de cumplimiento" de 2004 de la agencia IDEA a la entonces viceconsejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo. En la nota se dice: "Para el conocimiento y traslado al consejero".

La Junta alegó que se trata de una fórmula rutinaria de comunicación interna y que, además, la Ley de Hacienda solo obliga a que se le remitan al consejero los "informes de actuación", que son los que advierten del menoscabo de fondos públicos. El presidente andaluz aseguró que nunca recibió un informe de "actuación". "Se lo repito una vez más", insistió.

No faltó la trama Gürtel. El socialista le pidió a Arenas que allí donde tenga influencia procure que su partido haga lo mismo que la Junta para perseguir a los culpables, porque "ustedes en vez de ir a por los corruptos, van a por los jueces. Pero no es una excusa para que nosotros hagamos lo mismo".

Y apeló al sentimiento: "No son sus acusaciones lo que me duelen personal y políticamente, sino que algún cargo socialista haya podido traicionar la confianza de su partido, de los votantes y de la ciudadanía andaluza".

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