El Gobierno socialista andaluz recibió ayer otra mala noticia. El Tribunal Constitucional anuló el artículo 51 del nuevo Estatuto de Autonomía, que otorgaba a la comunidad las competencias exclusivas sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y que no afectan a ninguna otra comunidad.
"En los asuntos que a ustedes les afectan entorpecen la acción de la justicia; de los asuntos que piensan que pueden sacar réditos electorales los traen aquí una y otra vez", le dijo la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, a la diputada del PP Fátima Báñez.
El Tribunal Supremo estudiará el lunes en vista pública si autoriza o deniega la inscripción de la formación de la izquierda abertzale Sortu en el Registro de Partidos Políticos. La formación se enfrenta a las demandas presentadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que reclaman que se impida la inscripción por tratarse de una formación heredera de la ilegalizada Batasuna.
"Esta es la España que queremos. Una España sin kilómetro cero. Donde todo sea centro y nada periferia". Así justificó José Blanco, ministro de Fomento, la inversión de 51.300 millones en el corredor mediterráneo, el eje ferroviario de alta velocidad, con ancho europeo y doble vía (una para mercancías y otra para pasajeros) que conectará Almería con la frontera francesa antes de 2020.
Mientras los fallos en seis reactores de la central de Fukushima ponen a Japón en grave alerta nuclear y se debate sobre sus medidas de seguridad, el Congreso de los Diputados español aprobó ayer por unanimidad la llamada Ley de Infraestructuras Críticas.