El código de buen gobierno de Sanidad plantea crear una unidad antifraude

Si Sanidad y Osakidetza hacen caso de lo que el consejo asesor sobre el código de buen gobierno del departamento dice, el Servicio Vasco de Salud tendrá que dotarse en un futuro de "un servicio o unidad responsable de desarrollar su política antifraude y corrupción". Esta unidad se encargaría de realizar un plan para prevenir el fraude y establecería las normas correspondientes y qué hacer en caso de sospecha. La idea figura recogida en el código de buen gobierno presentado ayer en el Parlamento.

El texto, encargado por Sanidad a un grupo de expertos encabezado por el economista Juan Cabasés, plantea contratar un abogado para que sea un "punto de contacto adicional y asesor confidencial" para tratar estos casos. El código también propone crear una regulación obligatoria para todos los trabajadores sobre los conflictos de intereses, en un ámbito como la sanidad en que lo público y lo privado se entrelazan. Los contratos con proveedores externos deberán contar con una cláusula anticorrupción. También hace una mención especial a los servicios concertados, ya que se considera "especialmente importante evitar conflictos de interés y prevenir situaciones de fraude".

Sanidad ha perdido dos millones de euros con la compra de mascarillas

El titular de Sanidad, Rafael Bengoa, explicó en la correspondiente comisión parlamentaria que lo que el código busca "no es hablar de comportamientos pasados", sino de lo que hacer en el futuro, tratando de desligar el documento de supuestas irregularidades como las del caso Margüello. Bengoa no aclaró si estos puntos del texto se pondrán en práctica en el departamento y Osakidetza. Sí explicó que realizará un programa piloto para probar otras propuestas, como la creación de consejos de gobierno, unos órganos que se convertirán en la máxima autoridad de la organización, ante la que deberá responder el director gerente. Estos consejos se probarán en nueve organizaciones de Osakidetza.

El documento fija otras novedades, como que los directivos se nombrarán por un concurso público, e incide en la necesidad de reforzar la participación -se entiende obligatoria en cuestiones clínicas hacia los profesionales- y en realizar una gestión transparente. A ello se refirió también Bengoa en otro punto tratado en la Comisión de Sanidad. El consejero explicó lo ocurrido desde que el departamento comprara en 2009, pocos días antes de que los socialistas se hicieran cargo del Gobierno, un total de 60 millones de mascarillas para la gripe A. La compra, "desmesurada por calificarla con suavidad", ha supuesto para las arcas públicas una pérdida de dos millones de euros, ya que 47 millones de mascarillas han sido vendidas en subasta por el precio mínimo: 40.501 euros.

Bengoa aseguró ayer que este proceso "podía haber sido reconducido" si su equipo hubiera sabido de él en el momento en que asumieron el control de la consejería en mayo de 2009. Sin embargo, no lo descubrió hasta un año después, cuando Fernando Toña, miembro de su equipo y alto cargo en la anterior legislatura con la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, trató de convalidar la compra. La viceconsejera Olga Rivera confirmó que Toña dimitió cuando el actual equipo comenzó sus pesquisas y él no quiso dar explicaciones.