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Otegi recusa a la juez que preguntó si condenaba a ETA

La Sala especial del 69 de la Audiencia Nacional decidirá si es apartada del 'caso Bateragune'

-¿Condena la violencia de ETA?

-No voy a contestar.

-Ya sabía yo que no me iba a contestar a esta pregunta.

-Y yo que iba a hacerla.

Este intercambio de palabras entre la presidenta de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional, Ángela Murillo, y el ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi puede salirle más caro de lo esperado a la magistrada. Murillo hizo su pregunta y la apostilla posterior durante el juicio a Otegi por enaltecer la figura del etarra José María Sagarduy, Gatza, el 29 de enero de 2010. El Tribunal Supremo consideró después que esas palabras demostraban "un prejuicio" en contra de Otegi, anuló la condena de dos años que se impuso al exdirigente de la izquierda abertzale y ordenó repetir el juicio con otros magistrados.

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Otegi ha aprovechado los argumentos del alto tribunal para intentar apartar a Murillo y a los otros dos magistrados que formaban la sala -Juan Francisco Martel y Teresa Palacios- de otro caso mucho más trascendente. El que juzga a los componentes de Bateragune, la mesa de coordinación de la izquierda abertzale, en la que Otegi y el exlíder de LAB Rafa Díez Usabiaga se juegan sendas condenas a 10 años por pertenencia a banda terrorista.

Bateragune está considerado además el germen de Sortu, la nueva marca de Batasuna, según los informes de la policía y la Guardia Civil enviados a la fiscalía y el abogado del Estado para impedir su inscripción. Su función, según la investigación del juez Baltasar Garzón, era armonizar los organismos de la izquierda abertzale para "buscar cauces, apoyos y acuerdos para conseguir la independencia de Euskal Herria a través de la formación de un polo soberanista".

Al afectar la recusación a más de un magistrado, tendrá que resolverla la llamada Sala del 69 de la Audiencia Nacional, similar en su composición a la Sala Especial del Supremo. La forman el presidente del tribunal, Ángel Juanes, los presidentes de sus tres salas (Penal, Contencioso y Social) y el magistrado más antiguo y el más moderno de cada una. Esa sala ya decidió en 2005 la salida de Javier Gómez Bermúdez del tribunal que juzgó (y absolvió) al presidente del Santander, Emilio Botín, por las jubilaciones millonarias de varios directivos.

En caso de que solo se aceptara la recusación de uno de los magistrados, este podría ser sustituido por otro de su misma sección. Si la Sala del 69 estimara la de los tres miembros del tribunal, el caso iría al presidente de la Sala Penal, Gómez Bermúdez, que se encargaría de buscar sus sustitutos entre los restantes miembros de esta sala aplicando las normas de reparto.

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