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Bronca institucional por el metro

Transportes cree que Vizcaya quiere beneficiar a una empresa

La consejería sostiene que se busca un contrato 'a dedo'

En el fondo de este conflicto están los intereses económicos, según considera el Departamento de Transportes. La oposición foral al autobús lanzadera de Galdakao se debe, según sostiene, a que no se adjudica a una determinada empresa.

El consejero delegado de Metro Bilbao, Iñaki Prego, calificó ayer de "desfachatez" este planteamiento por parte de la Diputación, que además calificó de "inviable en una empresa pública". Explicó que, para la implantación del servicio, se utilizó el mismo pliego de condiciones que la lanzadera de Kabiezes, puesta en marcha cuando dirigía el metro el PNV. En el documento se restringía la participación a este concurso a las empresas que operan en el Bizkaibus y el Bilbobus, el autobús urbano de la capital.

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Sin embargo, una asociación del sector, Asintra, recurrió el pliego para que se abriera a todas las empresas, lo que fue aceptado por Metro Bilbao.

Prego resaltó que, con las ofertas de adjudicatarios cerradas, la Diputación "insinuó que lo mejor" es que el servicio fuera para alguna de las empresas del Bizkaibus. Al concurso se presentaron cuatro ofertas: una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Alsa, Transitia (con accionariado de Pesa) y Euskotren; Cuadra Bus, Veolia y Pesa. Ganó la primera tras dos informes "diferentes", recalcó el consejero delegado, para el apartado técnico y económico. Dichos estudios se elaboraron, a diferencia de otras ocasiones en que son hechos por técnicos, por los directores de esas áreas. Así el resultado solo era conocido por cuatro personas, los dos directores, el propio Prego y la responsable jurídica. "Esto, que lo hemos visto al final, ha molestado bastante".

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La adjudicación se produjo a primeros de diciembre, con un plazo implantación de seis semanas. Pero en ese tiempo dos de las tres empresas de la UTE se retiraron y la otra lo condicionó a la autorización de la Diputación. Ante ello, Metro Bilbao rescindió el contrato y pasó al siguiente de la lista, Cuadra Bus, la empresa que ha intentado implantar la lanzadera.

El directivo del metro opinó que la Diputación vizcaína no estuvo conforme con el adjudicatario ganador "y quería que fuera otro", una actitud que fue calificada de "oscura al menos". Aseguró que los representantes forales plantearon al metro que les entregaran la partida presupuestaria para el servicio y repartirla entre los concesionarios del Bizkaibus. "Condicionar el permiso a la lanzadera en función del adjudicatario, pues... lo dejo a su valoración", aseveró.

La diputada foral Pilar Ardanza insistió en que la solución al conflicto es que el servicio del autobús lanzadera sea prestado por alguna de las empresas del Bizkaibus (en ellas están Pesa y Alsa). "La solución jurídica que nosotros vemos es que, mientras duren las concesiones que están concedidas, que finalizan el 31 de diciembre de 2012, se modifiquen los contratos-programa para lo que la Diputación tiene capacidad adecuándolos a las necesidades que el metro precise y desee. De esta forma, la solución puede estar mañana", añadió.

Este planteamiento se antoja complicado de aceptar por el Gobierno, puesto que significaría no aceptar un concurso público transparente y enfrentarse a una posible ilegalidad. Ardanza rechazó buscar culpables: "Todos lo hemos hecho mal".

Indignación vecinal

Asociaciones de vecinos de Galdakao mostraron ayer su "malestar e indignación" por la actuación de la Ertzaintza, al obligar a los viajeros a abandonar la lanzadera, a petición de la Diputación, y reclamaron la puesta en marcha del servicio. Varias asociaciones de distintos barrios de Galdakao se reunieron ayer tarde para analizar el conflicto y concluyeron: "No es de recibo que en los tiempos que estamos, miembros de la Ertzaintza desalojen los autobuses-lanzadera porque dicen que no cumplen la legalidad".

Un portavoz de las asociaciones recalcó que "hay mucha indignación en los vecinos y mucho malestar por esta actuación". "Los argumentos de la Diputación de que los autobuses no cumplen la legalidad no convencen a los vecinos ya que, en definitiva, esto es un episodio más de la guerra entre el Gobierno y la Diputación. No es el primero ni va a ser el último", añadió.

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