Un nuevo impulso ético y jurídico

Las sucesivas actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y, en especial, la que acaba de conocerse por la opinión pública en torno a la Operación Galgo, obligan a una reflexión de conjunto sobre la proyección que las mismas tienen sobre nuestro deporte.

En primer lugar, es necesario reconocer que estaba acertada la sociedad española cuando avaló, prácticamente por unanimidad, la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, que incluía en el ámbito penal de los delitos contra la salud pública el del dopaje en el deporte. Esta inclusión permite afirmar hoy que conductas como las conocidas, cuando sean probadas, pueden ser castigadas penalmente. El hecho de la propia existencia de actuaciones policiales y penales sobre el tema demuestra que el sistema funciona y responde a una necesidad real.

A partir de aquí lo que no cabe negar, a estas alturas, es que la política emprendida en la lucha contra el dopaje exige de nuevos impulsos en lo jurídico y en lo ético para evitar que se instale en la opinión pública, especialmente en la internacional, la idea de que los resultados del deporte español no puede disociarse de los problemas de dopaje.

El éxito deportivo español es, por el contrario, la consecuencia de políticas acertadas de tratamiento del alto nivel y se debe a un importante esfuerzo público y privado en el deporte y al esfuerzo de muchos deportistas que no pueden verse en entredicho por la existencia de conductas erradas.

No cabe negar, sin embargo, la necesidad de un nuevo impulso jurídico y político. Es preciso avanzar en la política de control de medicamentos, de sustancias prohibidas, de productos alimenticios o veterinarios, de trazabilidad de productos y, en general, de estrechamiento de un marco de comercialización y uso que puede llegar a considerarse demasiado laxo. Los efectos de esta política son dobles porque, por un lado, afectan a la propia capacidad de utilización y, por otro, deberían ser un instrumento eficaz para coadyuvar en la labor de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado. En esta labor es preciso el concurso de todos los poderes públicos, de los agentes privados y de las Corporaciones Profesionales. Sin ese esfuerzo colectivo la labor no será fructífera.

En segundo lugar, es preciso realzar los elementos éticos de la práctica deportiva que pueden haberse difuminado por los aspectos económicos, comerciales o de relevancia social. Es preciso reconquistar una conciencia colectiva de apoyo a los deportistas y al deporte limpio y de castigo y reproche social para los que no compiten con estas reglas. Nada de esto puede conseguirse sin un auténtico compromiso de los deportistas, sin su conciencia, colaboración y seguridad de que solo lo que realmente se obtiene con limpieza tiene valor. Todo lo que se ha hecho hasta aquí, que es mucho, debe incrementarse con la ayuda y la colaboración de todos.

El deporte español es algo más que la sucesión de resultados adversos en el plano analítico. El deporte español necesita sobreponerse a esta percepción social con nuevas iniciativas, con nuevos y renovados compromisos, con más complicidad de los agentes organizadores del deporte en la formulación de una conciencia colectiva que no admita la duda ni acepte los atajos.

Este relanzamiento y la seguridad de que los ilícitos se reprimen adecuadamente, en sus respectivos ámbitos, son los elementos en los que basar un futuro que, de nuevo, hay que conquistar.

Alberto Palomar Olmeda es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III de Madrid.