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El urbanismo no estuvo detrás del asesinato del alcalde de Polop

La Guardia Civil investiga la vida privada del fallecido Ponsoda

La investigación del caso Polop ha dado un giro radical dejando al descubierto la inconsistencia de las pruebas acumuladas hasta ahora para tratar de esclarecer el asesinato del ex alcalde de Polop (Alicante), Alejandro Ponsoda, muerto a tiros a las puertas de su casa en octubre de 2007. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha abandonado como hipótesis de trabajo el móvil urbanístico y ha retomado el seguimiento de la vida privada del regidor en los meses previos a su muerte.

Ponsoda había contraido dos enfermedades de transmisión sexual de las que estaba tratándose en Valencia, ciudad a la que se desplazaba periódicamente con la excusa de tramitar cuestiones de la vida política municipal, pero no hay un rastro claro de las relaciones que allí mantuvo durante años.

El portero del club Mesalina mintió sobre cómo se llegó a planear el crimen

Que el caso y su investigación habían entrado en barrena era ya un secreto a voces entre la judicatura. "La única solución es el archivo de la causa por lo que hace referencia a los siete acusados, que se vuelva a decretar el secreto del sumario e iniciar de nuevo la instrucción". Esta es la conclusión a la que ha llegado un magistrado que ejerce en la provincia de Alicante conocedor de los hechos. La fiscalía, sin embargo, dado que la investigación policial y la tramitación del sumario van por separado, es partidaria de seguir con la instrucción porque entiende que existen versiones contradictorias en el sumario.

El giro copernicano en la investigación se produjo el pasado mes de noviembre con dos declaraciones que echan por tierra la versión del principal testigo de la acusación, el portero del club Mesalina en Benidorm, sobre la base de la cual la Guardia Civil detuvo y encarceló a siete personas que, pasado el tiempo, han sido todas puestas en libertad con una fianza de 3.000 euros -incluidos los dos supuestos sicarios checos acusados de ser los autores materiales del asesinato de Ponsoda- salvo una, Raúl Montero Trevejo, que cumple seis años de condena por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. La escasa cuantía de la fianza por un caso de asesinato ha llamado la atención de fuentes jurídicas que opinan que no existe un precedente similar en España.

Las dos declaraciones realizadas el pasado mes de noviembre por M. C., una camarera originaria de un país centroeuropeo, y A. F. R. un cliente habitual del club de alterne donde supuestamente se planeó el asesinato de Ponsoda, han destrozado la versión del testigo protegido. Según éste, el dueño del lupanar; Juan Cano, concejal de Polop; un empresario del calzado de esta localidad y una pareja le propusieron el asesinato de Ponsoda durante una reunión celebrada en el verano de 2007.

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M. C. y A. F. R. declararon que era imposible que el testigo protegido pudiera estar presente en ninguna reunión en esas fechas porque no empezó a trabajar en el Mesalina hasta el año 2008. Otros dos testigos, más una sentencia del juzgado de lo social, demuestran que el portero mintió a la Guardia Civil. En un juicio por despido, el testigo solicitó una indemnización desde la fecha de su contratación: julio de 2008. La sentencia la aportó alñ sumario el abogado del dueño del club, Francisco González. El portero del Mesalina tenía antecedentes como mercenario en África.

M. C. declaró ante el juez que la Guardia Civil le había garantizado que si confirmaba la versión del portero le conseguirían un nuevo trabajo y permitirían el regreso a España de su novio albanés, que había sido expulsado por residir ilegalmente. Añadió que trabajaba en el Mesalina desde 2006, que al empresario detenido le conoció dos años después del asesinato y que a Juan Cano solo lo ha visto en los periódicos.Sin pruebas concluyentes sobre la autoría del crimen, siete personas pasaron más de ocho meses en la cárcel por un móvil que ha quedado prácticamente descartado, como demuestra que la causa por corrupción urbanística que se desgajó a principio de año del sumario principal apenas haya avanzado. La investigación le ha costado el puesto al capitán de la UCO que la dirigió inicialmente y se ha vuelto a retomar desde el principio, hasta el punto de volver a rastrear todas las llamadas que recibió o hizo Ponsoda semanas antes de ser tiroteado.

El primer informe de la Guardia Civil sobre el asesinato de Ponsoda es del 22 de febrero de 2008, cuatro meses después del crimen. En el mismo se recogen las vicisitudes del PP local, unas grabaciones realizadas que implicaban a dos concejales populares, Juan Cano y Joaquín Montiel, en la extorsión a un empresario y el intento en 2005 de Cano por conseguir la gerencia de Urbanismo cuando le impidieron repetir en las listas del PP. De hecho, durante dos días Cano ocupó un despacho en el consistorio una vez consiguió convencer a Ponsoda para que le retirara al concejal de Urbanismo, Juan Andrés Llorens, las competencias en la materia.

El texto policial relata las maniobras políticas de Cano para volver a ser concejal, llegando a firmar junto con el resto de concejales en una notaría que si no era aceptada la lista que envió como presidente del comité electoral local, se presentarían todos con un partido independiente.

Ese primer informe, que decanta la investigación hacia el urbanismo local, también recoge aspectos de la vida privada de Ponsoda. "Los cambios de actitud observados en el Alcalde por las personas de su entorno fue acompañado de una mayor frecuencia en sus visitas a establecimientos de ambiente gay (...), a la que pasó de acudir dos o tres veces al mes a hacerlo dos o tres veces a la semana o sus viajes a Valencia, en los que se hospedaba en una pensión localizada en la zona homosexual de esa ciudad".

Ese informe concluye con la primera solicitud de intervención del teléfono móvil de Juan Cano y otros dos concejales cuatro meses después del crimen. En abril de 2008 todos los pinchazos telefónicos tienen que ver con la línea de investigación que vinculaba el crimen al urbanismo, por eso también se pidió información tributaria de 35 personas físicas o jurídicas desde 1999 hasta la fecha.

Alejandro Ponsoda, según el sumario, estaba tratándose en Valencia de dos enfermedades de transmisión sexual, una de ellas diagnosticada en 1994, y otra en la primavera de 2007. En sus desplazamientos pernoctaba en una pensión de ambiente homosexual de la ciudad, y también mantuvo durante años contacto con diferentes masajistas que localizaba a través de los anuncios de periódicos, siempre según el sumario. Pero la Guardia Civil acabó descartando continuar con la investigación de sus estancias en Valencia, que a veces se alargaban hasta cuatro días, o de las citas y contactos que mantenía en saunas gais de Benidorm. La tarde del mismo día que fue asesinado, Ponsoda acudió a una de ellas para mantener relaciones sexuales con un masajista de origen caribeño. Luego acudió a las ocho de la tarde a una conferencia sobre el SIDA que se celebró en Polop antes de trasladarse a su domicilio. La policía interrogó a los trabajadores de la pensión de Valencia, a los responsables de la sauna de Benidorm y a algunos masajistas, pero pronto abandonó la investigación de su vida privada.

Ponsoda encubría muchos de sus viajes a Valencia como visitas por razón de su cargo de alcalde. En muchas ocasiones pasaba los gastos de la pensión donde se alojaba. El importe tan barato de sus estancias llamó la atención de la oposición del Ayuntamiento, que llegó a cuestionar la conveniencia de tal alojamiento. También descubrieron otros gastos que no coincidían con las fechas y los horarios en los que el alcalde decía estar realizando gestiones.

La única persona que conocía la enfermedad que contrajo antes de ser alcalde era su ex mujer. Ponsoda consiguió mantenerlo en secreto hasta su muerte y se saben muy pocos detalles de las relaciones que mantuvo en la capital valenciana.

Algo sucedió en la vida del ex alcalde que le hizo modificar algunos comportamientos rutinarios. La frecuencia de sus visitas a Valencia era cada vez mayor. Si antes acudía a la ciudad cada dos meses, pasó a desplazarse cada dos semanas. Y los tres últimos meses de su vida había multiplicado por cuatro la factura del teléfono móvil. En septiembre de 2007 se gastó 450 euros y la mayoría de sus llamadas fueron a números de tarot para consultar su futuro.

Ahora el problema es que siete personas han estado más de ocho meses en la cárcel acusados de tramar el crimen en el reservado de un club de alterne o de la autoría material de los disparos. Todos ellos han conseguido la libertad bajo fianzas de entre 3.000 y 20.000 euros y más de un abogado consultado por este periódico ha calificado de "chapuza" la investigación llevada a cabo hasta noviembre de 2009 y ha pronosticado que acabará en nuevos juicios por responsabilidad policial y judicial.

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