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La Fiscalía de Girona investiga una docena de Ayuntamientos por corrupción

La Fiscalía de Girona investiga una docena de Ayuntamientos por corrupción urbanística y ha abierto diligencias para saber qué se cuece en unos 12 Consistorios, según explicó ayer a este periódico el fiscal responsable de Medio Ambiente en Girona, Enrique Barata, que declinó dar el nombre de los Ayuntamientos porque los casos aún están en investigación.

El ministerio público ha puesto la lupa sobre distintos delitos que afectan, en su mayoría, a la ordenación del territorio. La fiscalía investiga casos de tráfico de influencias en la concesión de licencias, posibles tratos de favor a determinadas empresas, recalificación de terrenos "propios, de familiares o de conocidos" y contratos de los Ayuntamientos con empresas de miembros o familiares de los gobiernos locales.

Proximidad electoral

Barata muestra cautela ante las investigaciones, que no necesariamente tienen que acabar en los juzgados. "Algunas denuncias llegan en este momento porque se acercan las elecciones", explica. Uno de los casos que investiga se basa en una denuncia del diputado de Iniciativa per Catalunya Lluís Postigo y Josep Romaguera, concejal de Maçanet de la Selva. Acusan al ex alcalde y actual teniente de alcalde del municipio, Antoni Guinó (CiU), de comprar unos terrenos que después se recalificaron como industriales, con lo que presuntamente Guinó ganó 800.000 euros.

La Fiscalía de Medio Ambiente lleva abiertas en lo que va de año 56 investigaciones (el año pasado fueron 60). La mayoría son delitos contra la ordenación del territorio como prevaricaciones urbanísticas y construcciones ilegales en espacios protegidos como el parque natural del Cap de Creus y los Aiguamolls de l'Empordà.

Barata se felicita por las sentencias condenatorias. Entre el año pasado y este, los juzgados gerundenses han dictado nueve sentencias relacionadas con delitos medioambientales. Ocho son condenatorias. "Las personas cada vez se lo piensan más con este tipo de delitos porque saben que se están imponiendo incluso penas de prisión", indica Barata. Construir una casa en un lugar indebido se castiga con penas de entre seis meses y tres años de cárcel, además de la multa y el derribo de la edificación. La reforma del código penal, que entra en vigor en diciembre, aumenta la pena de prisión a cuatro años.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 10 de octubre de 2010