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Obama regulará la emisión de gases empresa por empresa

El bloqueo parlamentario impide sacar adelante la ley medioambiental

Hubo un tiempo, hace un año, en el que parecía que la promesa electoral del presidente Barack Obama de impulsar una nueva ley medioambiental que impusiera unos límites a la emisión de gases contaminantes era casi una realidad. La Cámara de Representantes había aprobado una ley en ese sentido y la había dejado preparada para la consideración del Senado, que debería haberla ratificado antes de agosto.

En julio, sin embargo, los líderes demócratas en esa cámara decidieron darla por muerta hasta el nuevo curso, en el que además hay unas elecciones legislativas programadas para noviembre. Hasta enero, según calculan algunos senadores, sería imposible volverla a considerar. El líder de la mayoría en esa cámara, el senador por Nevada Harry Reid, dijo el 22 de julio: "Sabemos que no contamos con los votos suficientes".

La decisión supone investigar 6 millones de industrias

Las inspecciones comenzarán por las instalaciones que producen más CO2

Ante ese contratiempo, el presidente Obama ha decidido que si no se limita la contaminación por ley, se hará por orden ejecutiva. La Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por sus siglas en inglés), dependiente de la Casa Blanca, comenzará en enero, y si los juzgados no lo impiden, un largo y costoso proceso, a través del cual regulará las emisiones de gases de efecto invernadero, fábrica a fábrica, refinería a refinería, central energética a central energética.

Para ello, el Gobierno de Obama se remite a una sentencia del Tribunal Supremo de 2007 en la que la máxima instancia judicial del país asegura que los gases de efecto invernadero pueden ser considerados, a todos los efectos, como cualquier otra sustancia contaminante. Es más: esa sentencia le ordena al Gobierno que regule la emisión de CO2 por parte del parqué empresarial.

"La EPA sólo puede evitar tomar medidas al respecto si determina que los gases de efecto invernadero no contribuyen al cambio climático o si aporta alguna explicación razonable al respecto", dijo el tribunal en su sentencia, escrita por el juez John Paul Stevens. Aquello fue a dos años del final del segundo mandato del presidente George W. Bush, y suponía una reprimenda a su política medioambiental, escéptica ante el calentamiento global. Finalmente, Bush decidió dejar el asunto en manos de su sucesor.

En la última cumbre del clima en Copenhague, Obama utilizó como puntos de negociación los objetivos marcados por la ley que aprobó en 2009 la Cámara de Representantes: imponer límites a la contaminación para reducir las emisiones de CO2 en un 17% para 2020 y en un 83% para 2050, con respecto a los niveles de 2005.

En aquel encuentro de líderes mundiales, celebrado en diciembre, Obama no se quiso comprometer a firmar acuerdo alguno del que no tuviera garantías que podía ser ratificado por el Congreso, para no repetir lo mismo que le sucedió a Bill Clinton con el Protocolo de Kioto, un acuerdo apoyado pero nunca ratificado por EE UU.

El pasado mes de diciembre, la nueva directora de la EPA, Lisa Jackson, tomó la medida que no quiso asumir Bush, y declaró oficialmente a los gases de efecto invernadero como contaminantes. Eso le ha permitido, por un lado, comenzar a redactar nuevas normativas para el consumo de fueles por parte de automóviles y, por otro, regular las emisiones por parte de fábricas, plantas energéticas y refinerías.

La EPA, sin embargo, se enfrentaba en ese cometido a un tremendo problema burocrático. Según la Ley por un Aire Limpio, de 1963, el Gobierno debe regular a las empresas que emitan entre 100 y 250 toneladas de material contaminante por año. La normativa se diseñó para controlar los vertidos de sustancias como el plomo o los óxidos de azufre o nitrógeno.

Cien toneladas anuales de plomo son mucho, pero de dióxido de carbono no son casi nada. Es lo que emite una fábrica pequeña, un restaurante de considerables dimensiones o un centro escolar u hospitalario.

Según estimaciones gubernamentales, si la Ley por un Aire Limpio se hubiera mantenido como estaba, la EPA debería haber regulado, uno a uno, a seis millones de emisores de gases, lo que hubiera provocado una parálisis burocrática.

Por eso, en mayo, inició un cambio de normativas: a partir de enero inspeccionará a las empresas que emitan más de 75.000 toneladas de gases contaminantes por año y que, aparte, procesan materiales contaminantes como el plomo o el óxido de azufre. El Gobierno calcula que serán unas 550.

Esa fase durará dos años. Posteriormente, la EPA regulará a aquellas factorías que emitan más de 100.000 toneladas por año. A niveles prácticos, el límite de emisión de gases contaminantes se amplía de entre 100 y 250 a entre 75.000 y 100.000 toneladas anuales.

Algunos Estados, como Tejas, ya han llevado estas nuevas normas a juicio. "Es una revisión de la normativa totalmente arbitraria y caprichosa, que contradice la Ley por un Aire Limpio", dijo al anunciar esta demanda el gobernador de aquel Estado, el republicano Rick Perry. Bajo esas afirmaciones, se esconde la intención de muchos gobernadores republicanos de paralizar a la EPA por agotamiento burocrático.

Esperan que, si Obama quiere regular las emisiones de gases contaminantes al margen del Congreso, lo haga de acuerdo con la ley de 1963, y que deba ir, uno a uno, enviando inspectores a seis millones de entidades empresariales. Junto a la de Tejas, ya se han presentado otras 16 demandas en contra de los planes del presidente.

Parálisis en el sector petrolífero

Con su negativa a votar la ley medioambiental, el Senado ha puesto entre paréntesis también un paquete de nuevas medidas de respuesta y prevención de nuevos vertidos de petróleo como el causado por la plataforma Deepwater Horizon, de BP, en el golfo de México. Los líderes demócratas esperaban, sobre todo, eliminar el límite que existe de 56 millones de euros de responsabilidad fiscal de las empresas. Dos senadores de Estados dependientes de la industria petrolífera, Mary Landrieu de Luisiana y Mark Begich de Alaska, se opusieron frontalmente, por considerar que reduciría el número de perforaciones y, por tanto, de empleos.

La totalidad de los republicanos y al menos dos demócratas se oponían a esa nueva provisión, por lo que los líderes demócratas en esa cámara decidieron postergar finalmente la votación, probablemente hasta el año que viene.

Robert Menéndez, senador demócrata por Nueva Jersey, uno de los mayores impulsores de las reformas, preguntó en rueda de prensa el pasado jueves: "¿De qué parte están ustedes? ¿De parte de las grandes empresas petroleras o de los ciudadanos que viven en las comunidades costeras? Espero que los ciudadanos se pasen el mes de agosto preguntándole a los republicanos por qué no quieren que BP rinda cuentas".

A finales de julio, la Cámara de Representantes, donde los demócratas cuentan con una cómoda mayoría, ya aprobó una ley que eliminaría ese límite de 56 millones; que reestructuraría totalmente la agencia que concede los permisos de exploración y perforación petrolífera, y que exigiría que las empresas apliquen en sus plataformas las medidas de seguridad más avanzadas que ofrezca el mercado. Para tener vigencia, todas esas medidas deben ser ahora ratificadas por el Senado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 8 de agosto de 2010

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