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Entrevista:ANGÉLICA SUCH | Consejera de Bienestar Social

"Hay esperas indebidas en la Dependencia"

Valencia
En tres años, esta abogada de Benidorm ha pasado de ocupar un puesto de asesora jurídica municipal a dar el salto al Consell, donde ha sido directora general de Relaciones con las Cortes, consejera de Turismo y de Bienestar Social.

En el despacho de Angélica Such (1964) hay varias fotografías del presidente de la Generalitat. En una de las más grandes, dedicada, está solo. En otras, Camps acompaña a la consejera o ambos aparecen junto al Rey. Son las clásicas fotos institucionales que no faltan en las dependencias de cualquier alto cargo. Pero entre todas ellas, destaca la imagen de una persona mayor anónima. Es José Such, el padre de Angélica. Fue el primer alcalde democrático de Benidorm, con UCD, y quien transmitió a la consejera de Bienestar Social el gen de la política. Falleció hace dos años. Un año antes, en 2007, vio como su hija accedía a la consejería de Turismo, cargo del que saltó a su puesto actual.

"No se han primado las residencias sobre el resto de los recursos"

"Puede haber retrasos en el pago, lo que es distinto a impagos"

"La Dependencia es de difícil aplicación y la financiación estatal deja que desear"

"No ha habido boicot a la ley, destinamos 450 millones"

P. Usted llega a Bienestar Social en unas circunstancias económicas delicadas y en medio de críticas a la gestión de su antecesor en el cumplimiento de la ley de la Dependencia. ¿Cómo encontró la consejería?

R. Me ha correspondido gestionar esta consejería en un momento económicamente muy complicado. Al margen de que Bienestar Social no es solo la de la Dependencia, ésta es una ley de muy difícil aplicación, ambiciosa y con un sistema de financiación que deja mucho que desear. Después de tres años, se ha pasado de 9.000 personas atendidas a 40.000 con su derecho en vigor y el recurso que les corresponde. Los números hablan por sí solos, se ha avanzado muchísimo. Hay 117 centros de atención a la dependencia lo que supone un coste de 7 millones de euros para la Generalitat. Hemos ido dando respuesta a las necesidades que han ido surgiendo, pese a que soy consciente de la gente que queda por atender.

P. ¿A qué se refiere con los problemas de financiación?

R. La memoria económica de la ley dice que el sistema se debe de financiar al 50% entre las comunidades autónomas y el Estado, pero esto no sucede. Un informe de un comité de expertos nombrado por el Congreso de los Diputados demostró que las comunidades autónomas corren con el 70% del coste. La ley nos cuesta 450 millones de euros mientras que el gobierno pone poco más de 100. Además, habría que financiar por el recurso que se le concede a cada persona, no solo por el grado de discapacidad.

P. Sin embargo, con estas mismas condiciones en toda España, la Comunidad Valenciana está a la cola en la aplicación de la ley en los informes que elabora el Observatorio de la Dependencia y el Ministerio

R. Yo me centraría en los datos del ministerio y la consejería. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, responsable del Observatorio, no dependen del ministerio ni de ningún organismo público, por lo que es más riguroso hablar con instituciones que tienen datos oficiales contrastados, algo que ellos no hacen.

P. ¿Y respecto a la información del ministerio? ¿Por qué la Comunidad Valenciana ha salido tradicionalmente tan mal parada?

R. En el sistema informático del ministerio, durante los primeros años, no se volcaban los datos por igual de todas las autonomías. En septiembre de 2009 se acordó un sistema homogéneo que funciona desde 2010. Ahora las cifras dicen que en la Comunidad Valenciana hay más de 40.000 personas atendidas. Hemos más que duplicado el número de personas con prestación y triplicado el número de valoraciones en el último año. No ha habido ningún boicot. Empezamos destinando más de 150 millones a la ley y ahora son más de 450.

P. Las asociaciones se quejan de que pasa mucho tiempo, entre tres y seis meses, desde que se reconoce el derecho a percibir la prestación hasta que efectivamente se cobra. De 76.800 beneficiarios con derecho a ayudas, sólo 46.000 las cobran. ¿Por qué?

R. Todo está relacionado con un exceso de burocracia en la tramitación de las prestaciones. Vamos a aprobar un decreto que va a acortar los trámites hasta los seis meses. Es verdad que hay esperas indebidas. Pero también es cierto que si se acredita que se ha hecho un gasto, se pagan los atrasos por las prestaciones reconocidas.

P. ¿Cuándo entrará en vigor el decreto?

R. A final de año o principios del próximo, junto a los otros tres que están en camino. Un segundo decreto regula la flexibilización del sistema de incompatibilidades que permitirá, por ejemplo, recibir atención domiciliaria y acudir a un centro de día. Otro regulará el copago para que el sistema sea más justo y el cuarto aborda la figura del asistente personal. Estamos satisfechos de haber podido asumir la mayoría de las demandas que nos han planteado los representantes del sector.

P. ¿Ha habido un abuso de la figura de las residencias?

R. No primamos ningún recurso por encima de otro. Hay que tender a que la persona tenga el recurso que requiere su situación.

R. Una empresa de residencias ligada a la familia del ex consejero de Bienestar Social Juan Cotino, el grupo Savia, se vio beneficiada de un notable aumento de plazas concertadas. ¿No se potenció la atención residencial por motivos ajenos a los asistenciales?

R. Para nada. La Comunidad Valenciana es la que más ha potenciado que las personas se queden en el entorno familiar con medidas como el Menjar a casa o el Major a casa. En 2001, ante la lista de espera que había para entrar en residencias, se lanzó el plan de accesibilidad que nos permite tener 30.000 plazas entre residencias y centros de día. Pero de ninguna manera estamos primando un recurso sobre otro.

P. ¿No se mejoraron las condiciones económicas a los centros ligados el ex consejero de Bienestar Social? Savia incluso logró un aumento de precio en los tribunales mediante una sentencia que la Generalitat no recurrió.

R. Esas son decisiones estrictamente jurídicas. Lo único que ha sucedido es que el sistema de atención residencial, sobre todo desde la ley de la Dependencia, ha debido adaptarse a los requerimientos de la nueva normativa. Sobre todo en especialización del personal y ratio por usuario; y eso ha hecho que los precios de las plazas se ajustaran a los nuevos requerimientos. Nada más.

P. ¿Cómo afronta el futuro ante las estrecheces financieras que se están derivando de la crisis?

R. Esta consejería es la que más ha incrementado el presupuesto este año, un 13%, por la decisión del Gobierno valenciano de que la situación económica no derivara en recortes sociales, cosa que no ha hecho en el Gobierno central. Pero, además, el 81% del presupuesto de la Generalitat se destina a gasto social. ¿Cómo afronto el futuro? Desde el realismo y la responsabilidad, priorizando las necesidades ineludibles: los más de 5.500 menores tutelados, la dependencia, la discapacidad, la enfermedad mental o los colectivos vulnerables.

P. Las asociaciones de enfermos mentales se han quejado de lo que han tardado en cobrar 2009, algunas no lo han hecho hasta junio. Comentan que nunca ha sucedido. ¿Nos enfrentamos a un escenario en el que el retraso en el pago será la norma por las apreturas financieras?

R. Puede haber retrasos en el pago, que es distinto a impagos. Lo que ha habido en el ámbito de los enfermos mentales crónicos es un importante incremento de plazas. Ahora tenemos más de 2.200. En Alicante, además, habrá un incremento de plazas de atención a enfermos de salud mental gracias al Plan Confianza.

P. Cáritas o la Casa de la Caridad insisten en que hay cada vez más gente con menos recursos y que se ven obligados a estirar sus servicios para llegar donde no llega la Administración. ¿El Consell es consciente de esta situación?

P. Antes de nada quiero agradecer y reconocer la labor que realizan estas entidades sin áni-mo de lucro. En el ámbito de la acción social destinamos 55 millones de euros a la atención de colectivos vulnerables. En cuanto a la renta garantizada, este año aportaremos 17 millones de euros. Llegamos a unas 6.000 unidades familiares,

P. ¿Se priman los grandes eventos frente a la política social?

R. La distribución presupuestaria de 2010 responde a esta pregunta. Por otra parte, he sido consejera de Turismo y soy más que consciente de la importancia que tienen y han tenido los grandes eventos. Como motor económico y como generador de empleo, además de habernos situado en el mapa del mundo.

P. Da la sensación de que con el plan Más Vida, contra el aborto, el Consell hace una política ideológica en lugar de gobernar para todos los valencianos

R. No son medidas dirigidas a un sector, sino a ofrecer recursos a mujeres gestantes que se encuentran ante una situación delicada y dar respuesta a sus necesidades. Está dirigido a toda la ciudadanía, a todas las mujeres. Creo que cuanta más información y más posibilidades se ofrezcan a las mujeres en situaciones delicadas, más libres serán en su elección.

P. ¿Qué opina de la acumulación de presuntos casos de corrupción del PP en Alicante, Castellón y que llegan incluso a las Cortes, el Consell y su presidente?

R. Creo que en los últimos tiempos la politica se ha judicializado y que la justicia se ha politizado. Hay que recuperar y defender el sistema judicial basado en el principio de igualdad entre partes y de contradicción, que quiere decir que acusación y defensa tienen el mismo valor en un proceso. Últimamente se están identificando las acusaciones con condenas, y eso no es bueno para nadie. Además, las trayectorias de las personas son importantes y dicen mucho de ellas. El presidente Camps está más que avalado por su honradez y trabajo hacia el pueblo valenciano, su comunidad y su tierra.

P. ¿Quién gobernará Benidorm tras las elecciones?

R. Ganará el PP. En casi cuatro años, ha habido tres procesos electorales en Benidorm. En cada uno de ellos, el PP ha ganado y ha crecido en votos y, sin embargo, ahora no gobierna, en contra de lo que decidió la ciudadanía.

P. Eso ya pasó hace unos años con una moción de censura que llevó a la alcaldía a Eduardo Zaplana.

R. Entonces no existía el Pacto Antitransfuguismo y la situación era distinta a la que ha ocurrido ahora con la moción de Agustín Navarro.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 8 de agosto de 2010