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Medio Ambiente avaló la operación de Repsol que causó dos vertidos

El ministerio eximió a la empresa de evaluar el impacto ambiental pese a los riesgos

El Ministerio de Medio Ambiente avaló las medidas de seguridad propuestas por Repsol para realizar las prospecciones frente al delta del Ebro y eximió a la compañía de una evaluación de impacto ambiental (EIA), según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 3 de marzo del año pasado. Dos meses más tarde, esos trabajos provocaron dos vertidos a mar abierto de más de 100 toneladas de crudo y aceites debido a "graves negligencias en la previsión de riesgos", según la acusación de la fiscalía en la causa penal abierta contra Repsol por un posible delito contra el medio ambiente.

El ministerio exoneró a Repsol de la realización de la evaluación de impacto ambiental pese a recibir un informe previo de la propia petrolera en el que esta admite la posibilidad de un "derrame accidental" que, en el peor escenario posible, llegaría a verter más de 1.000 toneladas de crudo que alcanzarían la costa "en 24 horas y llegaría a la zona del delta", recoge el BOE. El impacto del petróleo en la orilla del delta podría haber causado "daños irreparables". Pese a ello, el ministerio concluyó que el proyecto de la petrolera no suponía "impactos adversos significativos". La fiscalía culpa del vertido a dos directivos de la petrolera por haber infravalorado los riesgos en las prospecciones que avaló Medio Ambiente.

La decisión libró a la petrolera del EIA, procedimiento administrativo que "obliga a complementar las medidas de seguridad de los proyectos y a analizar los riesgos en profundidad", definió Manuel Díaz, vicepresidente de la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental. "Es una herramienta clave para prevenir posibles accidentes como los que, por ejemplo, produjo Repsol", añadió.

La ausencia de EIA en estas tareas sorprendió ayer incluso a la responsable del departamento que tomó la decisión. "Si un proyecto implica un riesgo claro que afecte a una zona de la Red Natura 2000, como el delta, debe someterse a la EIA", señaló a este diario la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, María Jesús Rodríguez de Sancho. Con relación a las prospecciones, la directora no explicó los motivos del ministerio por "falta de información", ya que cuando se decidió todavía no había asumido el cargo, señaló. En realidad, fue nombrada nueve meses antes pero fuentes ministeriales precisaron que el proceso de evaluación se había iniciado a mediados del año anterior.

La responsabilidad de esa decisión no solo compete al ministerio: la idoneidad de exigir la EIA se consultó también con el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat. El Gobierno catalán consideró que las medidas propuestas ya eran "suficientes para asumir los impactos ambientales" y descartó la necesidad de un análisis más severo de los riesgos, notificó la Dirección General de Políticas Ambientales y Sostenibilidad.

La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, que depende del ministerio, fue la única en exigir que la prospección de Repsol se sometiera a la EIA pese a admitir que el informe remitido por la petrolera era "muy completo". Este organismo cambió de parecer tras una reunión con Repsol en diciembre de 2008. En ella, la compañía "presentó nueva documentación", se limita a justificar el organismo.

La normativa precisa qué tipo de proyectos requieren la EIA pero incluye una zona gris para tareas de pequeño calado que impliquen riesgos potenciales, clasificación en la que se enmarcan las prospecciones de Repsol. "Se analizan caso a caso", detalló Díaz, también extrañado por un caso del que evitó posicionarse por no disponer de los detalles de estas perforaciones. En este proceso, el EIA depende de un análisis previo que debe señalar si el proyecto requiere una evaluación en profundidad. Para ello, se consideran criterios como la sensibilidad medioambiental del área afectada y el riesgo de accidentes. Ambas circunstancias comprometían la prospección de Repsol, como detalla el BOE.

Los pozos que perforó la petrolera se encuentran sobre la misma zona que aspira a formar parte de dos redes distintas de protección: la de Área de Importancia para las Aves (IBA, en sus siglas en inglés) y la red ecológica de la UE Natura 2000; se encuentra a unos 40 kilómetros del parque natural del delta del Ebro, espacio ya protegido por esa misma red comunitaria, y solo dista entre seis y ocho kilómetros de un corredor de migración de cetáceos propuesto para ser reconocido como Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM).

Se trata de áreas marinas que gozan de especial protección jurídica y medioambiental definida en el convenio de Barcelona que ratificaron todos los países de la UE en 1995. El riesgo de accidentes ya lo advirtió la propia Repsol en la evaluación previa que realizó Medio Ambiente. Luego precisó que esa posibilidad se resolvía mediante un plan de contingencia propio y otro de comunicación de incidentes. El primero queda comprometido por la acusación de la fiscalía que ahora investiga el juez. El segundo nunca llegó a aplicarse: Fomento detectó uno de los vertidos gracias al aviso de un satélite de la Agencia Marítima Europea; el otro lo denunció tras enviar un helicóptero a la zona.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 7 de julio de 2010