El Poder Judicial se divide también sobre el traslado de Garzón a La Haya

El Consejo del Poder Judicial suspendió ayer de sus funciones, por unanimidad, al juez Baltasar Garzón y, por la tarde, en una alianza entre vocales conservadores y progresistas (en concreto, Almudena Lastra y Margarita Robles) le humilló al pedir cinco informes antes de decidir si concede al magistrado una comisión de servicio para que se vaya durante siete meses como asesor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya.

Tras la suspensión de Garzón en el pleno celebrado por la mañana, todo indicaba que por la tarde, en una comisión permanente forzada por el presidente, Carlos Dívar, al menos se iba a conceder al juez autorización para irse a La Haya. No fue así. La humillación a Garzón llegó por la tarde en toda su extensión. El sector progresista del Consejo estaba convencido de que por la tarde se daría luz verde a la petición de Garzón. Al saber lo ocurrido la indignación era total. Nadie entendía el papel de sus dos representantes en la permanente, Lastra y Robles, las mismas que aparentemente había intentado el jueves forzar ante Dívar una reunión, antes del pleno de ayer, para dar el permiso a Garzón e incluso eludir momentáneamente su suspensión.

Tampoco se entendía el papel del presidente Dívar. Y es que en el sector progresista existía la convicción de que, pese a la inexorable voluntad del juez del Supremo Luciano Varela de sentar a Garzón en el banquillo (lo que legalmente conlleva la suspensión de funciones), el Poder Judicial podía al menos evitar que el juez se marche a La Haya con el estigma de la sanción. Hubiese bastado con una mayor determinación de Lastra, Robles y de Dívar, presidente de la permanente, del Consejo y del Tribunal Supremo. Recuerdan vocales progresistas que Dívar llegó al puesto con el aval del actual partido en el Gobierno. El voto de Dívar, junto al aparentemente declarado por Lastra y Robles, habría decantado la votación a favor de permitir una salida airosa al juez. Pero con su pasividad, Dívar se ha inclinado por sus colegas del Supremo, interpretan en el sector progresista.

Como se preveía, hubo tensiones en el pleno extraordinario que finalmente suspendió a Garzón. Los vocales conservadores tenían claro desde días antes que lo primero era suspender al juez. Y lo del permiso ya se vería. Algunos vocales progresistas, no todos, batallaron para que del mismo pleno, intencionadamente cerrado a un único punto del orden del día (la suspensión de Garzón), salieran al menos dos decisiones, la suspensión y también el plácet para ir a La Haya. Pero dos vocales conservadoras, Gemma Gallego y Concepción Espejel, apagaron esa opción.

Lo primero que se trató en el tenso pleno de ayer fueron las recusaciones pendientes. Se abstuvieron de intervenir De Rosa, Robles y Gómez Benítez. Quien no se dio por aludida fue Gallego. Ella y Espejel impidieron que en el pleno se debatiera el asunto de la autorización. Y eso que, cuando este asunto fue planteado en el pleno por vocales progresistas, entre ellos Miguel Carmona, la mayoría no puso pegas. Pero las voces contrarias de Gallego y Espejel bloquearon el intento. Alegaron que no había podido leer la documentación sobre el traslado de Garzón, a pesar de que a todos se les envió la documentación por e-mail. Un vocal sugirió que se interrumpiese una hora el pleno para que ellas estudiasen la documentación. Se negaron.