El debate del Estatuto catalán
El nuevo ponente de la sentencia sobre el Estatuto catalán, el magistrado conservador Guillermo Jiménez, se ha puesto manos a la obra y ha redactado ya, de urgencia, una propuesta de fallo que endurece los términos del anterior borrador, elaborado por Elisa Pérez Vera y que contaba con el apoyo de cuatro de los cinco magistrados del bloque progresista.
El vicepresidente del Tribunal Constitucional, Guillermo Jiménez (quinto por la izquierda), Manuel Aragón (a su lado, con barba) y Ramón Rodríguez Arribas (a continuación) presencian la corrida del pasado domingo desde el callejón de La Maestranza de Sevilla. Al lado de los magistrados del alto tribunal, César Cadaval, uno de Los Morancos.
La respuesta que todos los partidos catalanes menos el PP se emplazaron a dar ante las dificultades del Tribunal Constitucional para dictar sentencia sobre el Estatuto está en la cuerda floja. Las nuevas exigencias de CiU, que pretendían endurecer la respuesta, impidieron materializar ayer el pacto de los nacionalistas con los socialistas catalanes, Esquerra Republicana e Iniciativa-Esquerra Unida.
Las Cortes de Castilla-La Mancha alumbraron hace 39 meses un nuevo Estatuto de autonomía para la región y, esas mismas Cortes, lo enterraron definitivamente ayer. Con los votos del PSOE, que tiene mayoría absoluta, y en contra los de los parlamentarios del PP, la Cámara regional acordó pedir al Congreso la retirada del Estatuto que tendría que ser votado en el Pleno.
El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela decidirá hoy previsiblemente si admite a trámite o rechaza de plano la recusación que Baltasar Garzón presentó en su contra el pasado viernes. El juez de la Audiencia Nacional considera que Varela tiene "interés en el caso" que instruye contra él por investigar los crímenes del franquismo.
El Partido Popular (PP) intentó ayer cerrar por la vía rápida el conflicto suscitado después de que Alicia Sánchez-Camacho, la presidenta del PP en Cataluña, repartiera el sábado en Badalona, junto al concejal Xavier García Albiol, unos dípticos con un contenido xenófobo hacia los ciudadanos rumanos de etnia gitana.
Una nueva confesión de José Emilio Suárez Trashorras, ex minero asturiano condenado a 34.715 años de cárcel por facilitar a los terroristas islamistas el explosivo para los atentados del 11-M, ha reabierto la investigación judicial en la Audiencia Nacional.