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José María del Nido / JULIÁN ROJAS
El abogado y presidente del Sevilla, José María del Nido, y el fiscal anticorrupción Francisco Jiménez Villarejo convirtieron ayer el interrogatorio del primero en un extenuante pugilato de casi cinco horas en el que ninguno consiguió imponerse al otro.
No hubo fotografía a cuatro bandas -el PP se negó a retratarse con los representantes del Gobierno, PSOE e IU al inicio- y tampoco habrá pacto político anticrisis. El diálogo abierto el 11 de marzo se cerró ayer con acusaciones mutuas de ruptura unilateral y con un documento de 53 medidas que será registrado hoy por el PSOE en el Parlamento regional como proposición no de Ley.
Lo dejó ayer muy claro la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno: la prioridad en la nueva remodelación del Ejecutivo ha sido la eficiencia y eficacia; después la austeridad. Sin embargo, desde que José Antonio Griñán es presidente de la Junta (abril de 2009), de los 316 altos cargos que tenía la Administración pública en el último gabinete de Manuel Chaves quedan 277; es decir, se han suprimido en total 39 centros directivos (un 12,3%).
Cajasol cerró a las 2.30 de la madrugada del martes el acuerdo laboral que permitirá la fusión por absorción con Caja Guadalajara, con el único respaldo de Comisiones Obreras (CC OO), sindicato mayoritario en ambas entidades. Según explicó el presidente de Cajasol, Antonio Pulido, en un comunicado, el pacto laboral "será positivo para el futuro de todos los empleados de la entidad, al equiparar las condiciones de la plantilla de Caja de Guadalajara con la de Cajasol".
La niña de 13 años con discapacidad psíquica que supuestamente fue violada por siete menores el pasado verano en Isla Cristina (Huelva) contó ayer, durante la primera vista del juicio, lo que recuerda de una madrugada de las fiestas locales, cuando se alejó del recinto ferial con otros siete menores, de entre 13 y 17 años, y regresó a su casa, cinco horas después, amoratada y con signos evidentes de agresión sexual.
El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, tendrán que comparecer el próximo día 29 ante un juez de Coín que investiga si pudieron incurrir en prevaricación al declarar extinguido el derecho a edificar a un conocido empresario local que había obtenido licencia para construir un edificio de viviendas y un centro comercial cuando se encontraban en plenas obras.
Una muestra analiza la vida del fundador del Hospital de la Caridad
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