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El informe policial sobre los posicionamientos telefónicos de abril de 2008 concluye que agentes del Gobierno de Esperanza Aguirre espiaron a dos cargos madrileños del PP rivales suyos y afines a Mariano Rajoy: el vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, y su propio ex vicepresidente segundo de Madrid, Alfredo Prada, según fuentes conocedoras del documento.
La Audiencia Nacional reparó ayer un error de hace siete años. El 20 de febrero de 2003, el juez Juan del Olmo, basándose en un informe de la Guardia Civil y con los mismos documentos de ETA que habían servido al juez Garzón para cerrar Egin, clausuró Euskaldunon Egunkaria, el único diario que se editaba íntegramente en euskera en esos momentos.
La Associació de Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya (AARMHC) y la Assocació Memòria de Mallorca (MdM) presentaron ayer una querella por prevaricación contra el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela y contra el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, al considerar que ambos cometieron prevaricación en las resoluciones que llevarán al banquillo al juez de la Audiencia Nacional.
Una quincena de familiares y representantes de víctimas del franquismo arroparon ayer el registro de la querella de dos asociaciones contra el presidente de la Sala Penal del Supremo, Juan Saavedra, y el magistrado Luciano Varela, con pancartas como: "¿Por quién vela el juez Varela?" y otras alusivas a los crímenes del franquismo.
El instructor del caso por prevaricación contra el juez Baltasar Garzón, el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela, sostiene que fue la "imaginación creativa" del juez de la Audiencia la que le llevó a declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, cuarteando así "principios esenciales del Estado".
La posibilidad de que la Cámara Federal aplique el principio de la jurisdicción internacional y acepte que se abra juicio por dos casos concretos de asesinatos cometidos durante la Guerra Civil española mantiene en vilo al mundo jurídico argentino y al relacionado con los derechos humanos.
La campaña de delación ha comenzado. El Ayuntamiento de Vic (Barcelona), gobernado por CiU, PSC y ERC, ha cumplido su promesa y ayer puso en marcha la polémica medida de denunciar ante la Subdelegación del Gobierno de aquellos inmigrantes sin papeles que acudan a empadronarse.
Uno de sus consejeros definió recientemente al tripartito catalán como un "artefacto inestable" y tuvo que rectificar públicamente, pero José Montilla tampoco es a día de hoy el primer defensor de la fórmula de gobierno a tres que le ha permitido estar al frente de la Generalitat de Cataluña desde 2006.
Ha llegado el momento de pasar a la ofensiva. Esta es la actitud que en las últimas horas ha tomado la dirección del Partido Popular, encabezada por la secretaria general, Dolores de Cospedal, para tratar de salir del mal momento que vive el partido por el caso Gürtel. Y nada mejor que sembrar la duda sobre la actuación del Gobierno socialista en este asunto.
El Ministerio del Interior investiga a un policía nacional de Valencia (a la izquierda) por llevar el pasado día 9, estando de servicio, una imagen de Franco a la vista en el uniforme, con la frase: "No se os puede dejar solos". Por otro lado, el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba recordó ayer que los agentes "deben usar siempre la fuerza mínima necesaria".
Las empresas de la trama Gürtel, a cuyos dirigentes investiga el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias con dirigentes del PP, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita, no eran las más baratas. Eso lo sabían los gestores del Consell y los del PP valenciano, aunque reincidieran en la contratación de esas firmas.
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