La patronal apoyará medidas para convertir contratos temporales en fijos

En Madrid, el Gobierno le lee la cartilla a la patronal por sacarse de la manga propuestas que no están en el proceso de diálogo social, como contratos sin indemnizaciones. En Galicia, en cambio, la negociación parece una balsa de aceite. Ni empresarios, ni sindicatos, ni por supuesto la Xunta cuestionan que las mesas hayan tardado un año en arrancar tras las últimas elecciones autonómicas y pese a que las listas del paro sumaron en este tiempo 27.000 desempleados. Al contrario: Comisiones Obreras, UGT -la CIG se autoexcluyó- y los representantes de la Confederación de Empresarios (CEG) creen ...

En Madrid, el Gobierno le lee la cartilla a la patronal por sacarse de la manga propuestas que no están en el proceso de diálogo social, como contratos sin indemnizaciones. En Galicia, en cambio, la negociación parece una balsa de aceite. Ni empresarios, ni sindicatos, ni por supuesto la Xunta cuestionan que las mesas hayan tardado un año en arrancar tras las últimas elecciones autonómicas y pese a que las listas del paro sumaron en este tiempo 27.000 desempleados. Al contrario: Comisiones Obreras, UGT -la CIG se autoexcluyó- y los representantes de la Confederación de Empresarios (CEG) creen que se ha conseguido "un buen ritmo" y esperan propiciar acuerdos.

Traballo confía en que los avances se trasladen a un gran pacto al estilo de los dos firmados en la etapa del bipartito. La postura oficial de los agentes sociales alimenta la idea de una gran foto de familia al final de la negociación, aunque de puertas adentro, en las centrales se cuestiona la idea de dar una baza semejante al Gobierno, ahora que la crisis aprieta y casi ahoga.

Las mesas del diálogo social tardaron un año en retomarse

"La mejor protección social es tener empleo", insiste la Xunta

Empleo, industria, infraestructuras y acción social son los cuatro ejes de actuación, que se completan en las incipientes mesas sectoriales del naval, el textil y la automoción. La mayoría han celebrado dos o, como mucho, tres reuniones y nada se ha concretado más allá de un plan para la recolocación de desempleados del textil que aprovecha fondos europeos. Los agentes sociales derrochan ganas al hablar de sus objetivos. "Eso no quiere decir que dentro de una semana no nos tiremos los trastos a la cabeza", advierte desde el gabinete técnico de CC OO Maica Bouza.

Ideas concretas hay, por el momento, muy pocas. La patronal apoya en Galicia medidas que pasan desapercibidas en el escenario nacional, como los incentivos para que la contratación temporal se convierta en indefinida, sobre todo en los grupos "que más están sufriendo", como las mujeres, los jóvenes o los discapacitados.

"El trabajo eventual no ayuda a mantener la cultura de empresa. Ojalá tuviésemos un mercado más estable", reflexiona Antón Arias, uno de los negociadores nombrados por la Confederación de Empresarios. Arias tampoco olvida que la productividad está por los suelos y pide además complementos para que se estimule. En la parte sindical, Domingo Barros, de UGT, cree que hay que afrontar una "nueva organización del trabajo". Su central es una de las que apoya la flexibilidad en el sector del automóvil con mecanismos que han evitado un ERE en Citroën.

El director general de Relacións Laborais, Odilo Mantiñá, pone como premisa "que no se tire a la basura" el diálogo en la concertación social de la anterior legislatura. "Hemos elaborado un documento básico donde se priorizan los temas, y a partir de ahí hemos empezado a trabajar para poder llegar a acuerdos parciales con el fin de concretar un gran pacto". En políticas activas de empleo asume que se actualizará la Renta de Integración Social (Risga) para aumentar el número de beneficiarios, que ahora rondan los 6.000. También baraja la posibilidad de reformar la Ayuda de Emergencia Social, una prestación de pago único.

Otra de las prioridades que pone sobre la mesa ya se trató en la legislatura anterior sin mucho éxito: reformar el Servicio Público de Empleo. En España las oficinas sólo canalizan, según Mantiñá, entre el 4% y el 7% de los contratos, "también es verdad que incluyen los perfiles más difíciles. Las personas que ven sencillo encontrar trabajo ya no acuden a los servicios públicos", disculpa.

Mientras el diálogo social avanza, la política de la Xunta en materia de empleo camina paralela a las mesas de negociación, aunque sin contar con ellas. Es el caso del anunciadísimo Plan de Acción Social, que según el presidente, Alberto Núñez Feijóo, ayudará a crear 30.000 empleos en tres años. Carmen Fernández, delegada de la CEG en la mesa que lo aborda, reconoce que sus integrantes todavía no han sido informados del ambicioso proyecto y afirma que "quiere creer", que su objetivo "se va a cumplir".

También al margen de la negociación, la Xunta tiene preparado el Plan de Empleo 2010-2014 orientado a colectivos como las mujeres, los discapacitados, los jóvenes y los autónomos. Medidas para que los demandantes "puedan acceder a itinerarios formativos personalizados para mejorar su situación de empleabilidad", dice Mantiñá, que insiste en el mantra de su Gobierno: "La mejor protección social es tener empleo".

Con éste se escribe el segundo capítulo de la negociación colectiva en la comunidad autónoma. El primero se cocinó con el bipartito en el Gobierno -antes, con Manuel Fraga de presidente, la concertación social simplemente no existía-. En la legislatura previa a la llegada de Feijóo a la Xunta se llegaron a concretar dos grandes pactos: el primero fue el Acuerdo por el Empleo, que logró avances en materia de formación, ayudó a abrir canales de participación de los sindicatos en el control de la legalidad de los convenios, en prevención de riesgos laborales y en materia de responsabilidad social de las empresas. Se ofrecieron ayudas a la reducción de la jornada para que los hombres cuidasen a sus hijos, se modificó el funcionamiento del Consello Galego de Relacións Laborais y se destinaron 35 millones para fomentar el autoempleo. Del pacto se derivaron compromisos como la Ley de Participación Institucional, por la que la Xunta abonará este año 1,8 millones de euros a la CEG, UGT, CC OO y CIG por su papel en la escena pública.

El segundo pacto fue el Acuerdo por la Competitividad firmado en el verano de 2008. Un documento de 300 medidas generales, difusas y sin dotación presupuestaria más allá de la estimación de 7.866 millones de euros a repartir en los presupuestos autonómicos del periodo 2008-2011. La comisión que supuestamente se iba a crear para hacer el seguimiento al plan nunca se llegó a reunir. La crisis convirtió en papel mojado el texto.