Detenido un proxeneta por ordenar el asesinato de una prostituta en Brasil
La víctima le había denunciado por las condiciones inhumanas que le imponían
Un asesino a sueldo mató en Brasilia a Leticia Peres, de 31 años, en marzo de 2009. Ella había sido durante varios años prostituta en España, donde denunció al dueño de un burdel en Tarragona por imponerle condiciones esclavistas. Volvió a su país porque tenía miedo; decía recibir constantes amenazas del hombre al que denunció. Cuando el sicario fue detenido por la policía brasileña, confesó que el crimen fue encargado en nombre de un español que tenía problemas con la justicia por culpa de Peres, como contó EL PAÍS el 29 de noviembre. Tras meses de investigación, la policía detuvo ayer en Tarragona a Miguel Arufe, de 41 años, como sospechoso de inducción del asesinato de Leticia. En Brasil, el fiscal del caso ya lo había señalado públicamente. Se le acusa también de delitos de prostitución forzada, blanqueo de capitales y asociación ilícita.
Leticia Peres, brasileña, murió en su país a manos de un matón
Al explotador le pedían 28 años de cárcel por las acusaciones de ella
Junto a Arufe, la Policía detuvo ayer a otras 22 personas relacionadas con la red de explotación sexual y tráfico de mujeres asentada en Tarragona y Barcelona. Los agentes desmantelaron casi 20 locales, en su mayoría pisos dedicados a vender servicios sexuales. Se registró incluso un barco en Melilla, propiedad de uno de los detenidos. La operación policial se armó con el principal objetivo de hallar pistas que incriminaran a Arufe como inductor del asesinato, según revelaron fuentes próximas al caso. La Jefatura Superior de Policía declinó comentar la investigación, que sigue abierta y bajo secreto de sumario.
La trama internacional se asentó en el centro de Tarragona a finales de los noventa y ha extendido sus contactos por Brasil y Europa del Este. La agresividad de la red, que ofrecía servicios sexuales 24 horas al día por sólo 25 euros, propició su expansión a Barcelona, Reus, Sabadell, Tortosa y Vilanova i la Geltrú. Los registros realizados en estas localidades permitieron la liberación de una treintena de mujeres que se prostituían bajo las órdenes de la trama. La mayoría proceden de Suramérica y de países de Europa del Este y se hallan en situación irregular.
El Juzgado de Instrucción número 5 de Tarragona, que dirige el caso, confía en que los relatos de las mujeres sirvan para incriminar a la red. Se trata del mismo juzgado que instruyó la causa denunciada por Peres años atrás. Entonces no impuso medidas preventivas como el cierre de los locales o la prisión preventiva de los miembros de la red, pese a que al testimonio de Leticia se unieron los de otras siete mujeres que relataban hechos similares. Los imputados siguieron en libertad y sus burdeles abiertos durante cinco años más. Hasta ayer.
La red se nutría de mujeres captadas en todo el país con una intensa rotación entre los distintos locales de la trama. La mayoría pasaba un máximo de tres semanas en el piso que se les asignaba y sufría condiciones abusivas. Eran obligadas a hacer hasta 40 servicios sexuales al día y apenas podían salir del piso. Las multaban si rechazaban a un cliente, salían a comer sin autorización o si dormían más de lo estipulado.
El juzgado abrió un procedimiento tras la declaración de Leticia y sus compañeras e imputó a Miguel Arufe; a su socia, Carolina Jiménez; a tres encargadas de los burdeles, extranjeras; a un responsable de los pisos, Juan José Gallardo; y a dos lituanos, Ramaz Mukhigulashvili y Virginijus Gustis. El fiscal pidió el archivo de las actuaciones respecto de estos tres últimos por falta de pruebas, pero ahora han sido de nuevo detenidos por la Policía. Para Arufe y Jiménez solicitó 28 años de cárcel por proxenetismo. El caso estaba pendiente de que se señalara fecha para el juicio.
Cuando la policía supo del asesinato de Leticia, reabrió la investigación. Se intervinieron los teléfonos de los sospechosos y se buscaron nuevas pruebas contra la red de prostitución. Las mujeres que allí trabajan relataban hace unos meses a este diario historias parecidas a la de Leticia.
Los detenidos pasarán a disposición judicial probablemente el miércoles. "No entendemos las acusaciones de incitación al homicidio, porque no hay pruebas", defendió ayer Tomàs Gilabert, letrado del presunto líder de la trama. Allegados de Peres celebraron a medias el golpe policial. "La mejor noticia tras años de amenazas y la tragedia de Leticia", señaló una ex pareja sentimental de la fallecida, que lamentó la lenta desarticulación de la red.
